El Ayuntamiento de Albal, un municipio de 16.500 habitantes situado en el área metropolitana de Valencia, ha anunciado su compromiso de perseguir a los usuarios del sexo, para lo que ha aumentado las multas de hasta 800 euros con el fin de frenar las actividades relacionadas con la explotación sexual y la prostitución en el municipio.
Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este grave problema que ha provocado la expansión del delito de la trata de personas en todo el mundo, Albal se ha sumado este año a la conmemoración del 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas.
Coincide con la detención del presunto asesino de Florina Gorgos.
La fecha coincide con la reciente detención del presunto asesino de Florina Gorgos, la joven de 19 años cuyo cadáver fue encontrado en una zanja de Silla con signos de estrangulamiento el 30 de enero, 22 días después de su desaparición en el municipio de Albal. Se trata de la segunda muerte de una prostituta en esta localidad del sur de Horta, tras el asesinato de Ivana.
Tras la muerte de Florina, el alcalde, Ramón Marí, transmitió al pleno la aprobación de la adhesión a la Red de Municipios contra la Trata de Mujeres y Niñas, que fue apoyada por unanimidad.
A su vez, trasladó esta decisión a sus homólogos de las localidades afectadas por la prostitución callejera en la Pista de Silla, la autovía que sale de Valencia hacia el sur y que atraviesa los municipios de Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla y Benetússer.
«Acabar con las prostitutas».
Esta iniciativa se ha trasladado también al Consell para, entre todos, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y «acabar con las prostitutas», como dejó claro Ramón Marí durante el minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento tras la muerte de Florina.
En este acto, pidió al Estado que cree una ley abolicionista contra la trata de mujeres, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y recuperación integral, y que persiga a las redes criminales y a los consumidores.
Mediante una moción aprobada en un pleno extraordinario celebrado el pasado mes de julio, se modificó la ordenanza municipal para introducir multas de hasta 800 euros a los consumidores de sexo y prohibir la publicidad que promueva la prostitución y la explotación sexual.
