La jornada parlamentaria de este jueves, 26 de febrero de 2026, ha dejado un escenario de profunda división en el Congreso de los Diputados. La suma de los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts ha logrado tumbar dos de los decretos leyes fundamentales que el Gobierno de coalición buscaba convalidar: la prórroga del denominado «escudo social» y la normativa para limitar el precio de bienes y servicios en situaciones de catástrofe o emergencia. Esta alianza de las formaciones de derecha y el partido independentista catalán ha provocado la derogación inmediata de medidas que protegían a los sectores más vulnerables de la población española.
El primer gran revés para el Ejecutivo ha sido la caída del decreto promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy. Esta norma tenía como objetivo principal otorgar al Estado la potestad de establecer precios máximos para productos y servicios esenciales cuando se declarase una situación de emergencia nacional o regional. La iniciativa surgió tras las denuncias por los incrementos abusivos en los precios de los billetes de avión y otros transportes tras accidentes ferroviarios recientes, como los de Adamuz y Gelida. Con el rechazo de PP, Vox y Junts, decae la posibilidad de impedir legalmente que ciertas empresas aumenten sus beneficios a costa de la necesidad urgente de la ciudadanía en momentos críticos.
El ministro Bustinduy ha lamentado el resultado de la votación, señalando directamente a los grupos que han votado en contra. Según el titular de Consumo, la oposición de estas fuerzas políticas deja desprotegidas a las personas ante prácticas especulativas. El decreto establecía que, en caso de emergencia, los precios no podrían superar el valor máximo alcanzado en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación. Sin embargo, los 177 votos en contra de la alianza formada por Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y los representantes de Junts han sido suficientes para invalidar la norma, frente a los 172 apoyos recabados por el PSOE, Sumar y sus socios habituales.
De igual manera, el Pleno ha derogado por segunda vez en apenas un mes la prórroga del paquete de medidas sociales extraordinarias. Entre las disposiciones que quedan sin efecto de forma inmediata se encuentra la moratoria que impedía el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad económica que carecieran de una alternativa habitacional. Asimismo, desaparece la prohibición de interrumpir el suministro de agua, gas y electricidad a la población con menos recursos, una medida que había sido clave para evitar situaciones de exclusión energética durante los últimos años. La caída del decreto también afecta a la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico, cuya vigencia estaba prevista hasta el final de 2026.
La postura de Junts ha sido determinante en este desenlace. La formación catalana ha vinculado su voto negativo a su disconformidad con la gestión de la seguridad y lo que consideran una permisividad del marco legal actual con la ocupación de inmuebles. Por su parte, el Partido Popular y Vox han argumentado que estas políticas suponen una intervención excesiva del mercado y una inseguridad jurídica para los propietarios. Sin embargo, las organizaciones sociales han advertido que la eliminación de estas protecciones tendrá un impacto directo y negativo en miles de familias que ahora se enfrentan a la posibilidad de perder su vivienda o de sufrir cortes en servicios básicos en pleno invierno.
Además de las medidas de vivienda y energía, la derogación del decreto conlleva la pérdida de incentivos fiscales y ayudas directas. Quedan suspendidas las exenciones tributarias destinadas a las personas afectadas por los incendios forestales del pasado verano y por las inundaciones provocadas por la DANA. También se ve afectada la prohibición de despido en aquellas empresas que hubieran recibido ayudas públicas directas, lo que genera una incertidumbre laboral inmediata para las personas que integran las plantillas de estas entidades. Incluso medidas de carácter técnico, como la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, han quedado en el aire, lo que complica la planificación presupuestaria de las administraciones locales para el ejercicio de 2026.
En contraste con estos bloqueos, el Congreso sí ha logrado convalidar otros dos decretos leyes que el Gobierno decidió tramitar de forma separada para asegurar su éxito. El primero de ellos garantiza la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, una medida que beneficia a millones de personas jubiladas y que ha contado con un consenso mucho más amplio en la cámara. El segundo decreto aprobado incluye ayudas económicas específicas para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, una medida de reparación necesaria que no ha encontrado oposición frontal.
