Un juzgado de Pontevedra tendrá que decidir en los próximos días si da credibilidad a la Guardia Civil e impone sanción a un grupo de ancianos por saltarse supuestamente un cordón policial durante una protesta de la Plataforma de Afectados por las Preferentes el 3 de julio de 2013.
La curiosidad del caso se halla en la incongruencia entre los hechos denunciados por los agentes y las capacidades físicas de los acusados, mermadas por su avanzada edad y su estado de salud.
Es el caso de Domitila Vicente, una anciana de 82 años, aquejada de una fuerte osteoporosis y reumatismo, que requiere de un andador para poder caminar pero que fue multada ese día por “conducta violenta” y “alteración del orden público” al, según los agentes, saltar las vallas del cordón policial ante el Ayuntamiento de la población de O Rosal en O Baixo Miño.
“Solo hice ruido, cómo iba yo a saltar unas vallas para entrar en el Ayuntamiento de O Rosal si voy con un andador, sin él me caigo, es que no puedo caminar. Dicen lo que les da la gana, todo mentira”, aseguraba Domitila este martes ante las puertas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra donde había ido a declarar, afirmando además que recibió un golpe en el pecho por parte de un agente. Con sus ahorros bloqueados por las preferentes, ahora se enfrenta a una multa de 200 euros, la misma cantidad que costó el andador que le regalaron sus hijos a los 80 años.
Del mismo modo se expresa Fernando Asensio, otro jubilado de 70 años de edad que acudió a la movilización enfermo de cáncer por el que iba a ser operado dos días después, y que fue multado por la Guardia Civil por “comportamiento agresivo” y “alterar el orden público”. “Yo llevaba un banquito de estos plegables y yo me sentaba y estaba allí sentado porque no podía andar”, se expresaba el preferentista, que también tiene todos sus ahorros bloqueados.
“Me acusan de saltar el cinturón policial y arengar a la gente. Todo es mentira total. Es triste que pase algo así en nuestro país. Yo nací en una dictadura y me escapé. Volví en la democracia pero estamos volviendo atrás”, se lamentaba Fernando, emigrante en Inglaterra durante 23 años. “Estos desgraciados nos roban el dinero y luego los políticos están detrás y la Guardia Civil les hace el juego”, ha apostillado.
Junto a Domitila y Fernando, otros tres preferentistas han sido juzgado hoy en Pontevedra por “alteración del orden público” durante la protesta de 2013. Aquel día, más de 40 personas recibieron sanciones muy similares por abuchear y pitar contra la gestión del PP en la estafa de las preferentes o por infracciones de tráfico al simplemente pasar por allí y tocar el claxon en señal de apoyo a los afectados.
Estos son solo cinco de los casos que han sido o serán juzgados por semejantes delitos en relación a la misma movilización. Según la Plataforma de Afectados por las Preferentes de O Baixo Miño, 18 juicios por estas multas ya han sido celebrados, y de los diez que han recibido sentencia, nueve de ellos han tenido un resultado favorable para los acusados, pero aún quedan más de 20 juicios por celebrar en los próximos meses a personas que recibieron sanciones similares.
