El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acudan a las clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo, un delito que estará castigado con penas de tres meses a un año de prisión o servicio social.
Lo hizo tras dar luz verde, con 154 votos a favor frente a los 105 votos en contra del PP y Vox, al dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta sobre la proposición de ley del PSOE que incorpora un nuevo artículo en el Código Penal (172 quáter), para que cometan un delito quienes se concentren a las puertas de las clínicas abortistas y acosen y coarten la libertad de las mujeres
La ley culmina así su tramitación parlamentaria, ya que en su paso por el Senado no ha sufrido ningún cambio respecto al texto que obtuvo luz verde en el Congreso, habiendo sido rechazados los vetos de VOX y PP y las enmiendas de este último grupo, así como las del grupo vasco y ERC-Bildu.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), cada año se registran más de cien casos de acoso en estos centros. Derecho a Vivir ya ha advertido que «rezar y salvar vidas no es un delito» y lo seguirá haciendo.
Los vetos del PP y de Vox
En el debate parlamentario, Vox y el PP defendieron sus vetos y expusieron los mismos argumentos que ya dieron en el Congreso: según ellos, esta reforma del código penal va en contra de los derechos de expresión y reunión. Además, ambos grupos argumentaron que las personas que se reúnen frente a estas clínicas lo hacen para rezar y ayudar a las mujeres, y no para acosarlas o abusar de ellas.
El senador popular Fernando de Rosa insistió en que esta ley es una muestra más del «sectarismo» del PSOE y mencionó que incluso el secretario de la Comisión de Justicia se «opuso» a la redacción del texto con un tipo penal «generalizado» que será difícil de aplicar para los jueces.
Los vetos y posturas de ambos grupos fueron rechazados por la mayoría del Senado porque, en palabras de la senadora socialista Donelia Roldán, los grupos de personas que dicen ir a estas clínicas a rezar lo que hacen es «insultar y en muchos casos entregar ataúdes con niños, llamar asesinas a las mujeres» y darles información «falsa» «invadiendo su espacio privado en un momento muy difícil».
En la misma línea se pronunciaron el senador vasco Imanol Landa, Koldo Martínez, de Geroa Bai, y Sara Bailac, del grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, que apoyó la ley «para garantizar y consolidar los derechos de las mujeres»
Fue el 21 de septiembre cuando el Pleno del Congreso acordó tomar en consideración la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para añadir un nuevo precepto al Código Penal y castigar el acoso a las puertas de estas clínicas.
Vox y el PP se opusieron y presentaron vetos que fueron rechazados, por lo que la iniciativa siguió su curso.
En su paso por la cámara baja, se incorporaron enmiendas para que las penas se extiendan también a quienes acosen a médicos y directores de clínicas, así como al personal de la sanidad pública que participe en abortos.
También se trata de garantizar que el acoso se persiga sin que sea necesaria la denuncia explícita de la mujer para iniciar el procedimiento.
Y el texto ha llegado al Senado, cuya Comisión de Justicia dio luz verde al dictamen del proyecto de ley el pasado 14 de marzo sin incorporar ninguna enmienda, como hizo el Pleno este miércoles, de forma que el acoso y el hostigamiento a las mujeres se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días
