El expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014, así como al pago de un multa de 36.500 euros, aunque le absuelve del delito de prevaricación.
El fiscal consideró que en el juicio había dejado claro que los acusados desobedecieron de forma “patente, clara y caprichosa” la suspensión del TC y que no sólo siguieron con los preparativos, como los tres defendieron en el juici, sino que los intensificaron de forma determinante tras el veto.
Por los mismos delitos está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo (TS) el diputado de PDeCAT en el Congreso y entonces conseller de Presidencia, Francesc Homs, ya juzgado la semana del 27 de febrero por el alto tribunal y para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación.
Recurrirán la sentencia hasta el final
Tras conocer la decisión del tribunal, Artur Mas ha convocado una rueda de prensa en la que ha asegurado que recurrirán la sentencia hasta las más altas instancias europeas, alegando que está “cogida con fórceps desde muchos puntos de vista”.
Reacciones
El actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este lunes que el independentismo es un compromiso de diferentes gobiernos y presidentes catalanes, sustentado sobre una sólida mayoría parlamentaria y que sale tras la sentencia del 9N “más reforzado”, como ante cada dificultad. A la espera de su propia sentencia, el diputado de PdeCat Francesc Homs ha dicho que se trata de “una sentencia tan absurda como errónea”.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado en su cuenta de la red social Twitter que es “muy grave” que se inhabilite a políticos por poner urnas y que “judicializar un conflicto político es enquistarlo”.
És molt greu que en una democràcia es jutgi i s’inhabiliti polítics per posar urnes. Judicialitzar un conflicte polític és enquistar-lo #9N
— Ada Colau (@AdaColau) 13 de marzo de 2017
Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de marzo de 2017
De manera contraria ha reaccionado el PSC. El secretario de Organización de los socialistas catalanes ha defendido este lunes que no respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional “acarrea sus consecuencias” y ha destacado que la pena impuesta a los tres condenados es “la menor posible”, ya que han sido absueltos de prevaricación administrativa. En la misma línea se ha expresado el PSOE por boca de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.
Para el PP, la sentencia del TSJ catalán “pone a cada uno en su sitio”. Así lo ha expresado el portavoz del partido, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del PP, donde ha expresado que es “tranquilizante” que haya justicia y que los catalanes tengan “la certeza” de que no va a haber impunidad. Según Casado, el fallo del tribunal no es una agresión a la hoja de ruta soberanista, que para él sí es una “agresión contra la legalidad en España”. “Se ha hecho justicia”, ha sentenciado.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha celebrado que la sentencia suponga el cierre a la “posibilidad legal” de un referéndum en Cataluña y ha pedido al Govern que no cometa “el mismo error” de celebrar una nueva consulta, que considera que sería un bloque institucional que no lleva a ningún sitio. Desde Twitter, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha sentenciado que “nadie puede desobedecer las leyes democráticas, menos aún nuestros gobernantes”.
Nadie puede desobedecer las leyes democráticas, menos aún nuestros gobernantes. La ley es el poder de los que no tienen el poder. #ArturMas
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 13 de marzo de 2017
