La última reforma del Consejo General del Poder Judicial, impulsada por el Partido Popular, ahonda aún más en la vinculación de los jueces al poder político, anulando la independencia de estos y prohibiéndoles la libertad de expresión, lo que incrementa en la ciudadanía la sensación de impunidad de los delitos de corrupción cometidos por los políticos.
Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la ONG Rights International Spain, han pedido por carta a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Gabriela Knaul, que visite e intervenga en España para asegurar que no se produzcan «mermas o intromisiones» del Gobierno en la independencia de los jueces.
En la misiva, las asociaciones denuncian las iniciativas que está adoptando el Ejecutivo, dirigidas a «erosionar» el principio de separación de poderes y «debilitar» el poder judicial y el Estado de Derecho, en un contexto marcado por la investigación de casos de corrupción, recortes presupuestarios y «restricciones» en el ejercicio de derechos fundamentales.
Ante este escenario, las organizaciones reclaman que la Relatora de Naciones Unidas pida explicaciones al Gobierno sobre el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exija la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, además de más recursos para los tribunales españoles.
Un riesgo para la independencia judicial
Las tres asociaciones representativas de la carrera judicial —la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura no firma la iniciativa— y la ONG denuncian la última reforma del órgano de gobierno de los jueces, que ahonda en la «vinculación del poder político» con el órgano llamado a velar por la independencia judicial.
«Su propia configuración, al estar compuesto por jueces y juristas elegidos íntegramente por los poderes políticos, supone un riesgo potencial para la independencia judicial», advierten sobre el Consejo General del Poder Judicial.
El anteproyecto del PP propone que los presidentes de órganos judiciales provinciales sean propuestos por el Consejo, nombrado a su vez por los partidos, y les permite modificar la composición de los tribunales que investigan casos de corrupción.
Por otra parte, los firmantes de la carta alertan de que el anteproyecto del anterior ministro Alberto Ruiz-Gallardón «prohíbe» la libertad de expresión en la carrera judicial y la obliga a acatar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en contra de su criterio profesional.
Presión política contra los jueces
La falta de recursos asignados a los juzgados para investigar los casos de corrupción es el tercer eje del escrito, que recuerda la sensación social de que el poder político actúa con «impunidad». «Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios», apunta.
Las organizaciones hacen hincapié en la «presión política» ejercida contra los jueces que investigan delitos de corrupción, a través de «descalificaciones personalizadas» vertidas por autoridades y miembros del Gobierno en medios de comunicación con el fin de que modifiquen sus resoluciones. «Se pretende influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta y esas conductas son ilegitimas, porque los magistrados actúan a través de criterios de legalidad y no de oportunidad», destaca.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, «ante la quiebra de la separación de poderes en nuestro país, resulta necesaria la intervención de la ONU». En este sentido, ha recordado que la independencia judicial «no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de que el Estado de Derecho funcionará correctamente en beneficio de la ciudadanía».
Por su parte, la directora ejecutiva de Rights International Spain, Lydia Vicente, ha puesto de manifiesto que «cuando desde el poder político se ataca a la independencia judicial, se menoscaba la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas» y la ciudadanía queda en una situación de «desamparo». (Postdigital/Agencias)
