A la cárcel: El Supremo confirma la condena a Chaves y Griñán por el ‘caso ERE’

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el uso irregular de subvenciones autonómicas para prácticas de regulación de empleo (ERE). El primero recibió 9 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue condenado a 6 años de prisión por prevaricación y malversación, lo que le sitúa a un paso de la cárcel.

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Así lo ha anunciado el Alto Tribunal este martes, aunque la sentencia dictada por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Eduardo de Porres (ponente), Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo no se conocerá hasta que se produzca el voto contrario anunciado por estos dos últimos.

Ferrer y Polo consideran que los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez deberían haber sido estimados parcialmente, en el sentido de que deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press destacan que la ejecución de la sentencia, que supondría el ingreso en prisión de Griñán, corresponde a la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el tribunal que dictó la sentencia que ahora mantiene el Tribunal.

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Sin embargo, para ello debe recibir la sentencia completa del Tribunal Supremo, un texto que no se espera que esté redactado y servido hasta septiembre, debido al habitual receso de agosto en el poder judicial.

Además, según las fuentes citadas, hay que tener en cuenta que los condenados pueden pedir al Consejo de Estado una aclaración de la sentencia, lo que retrasaría aún más la ejecución de las penas impuestas.

RECURSO DE AMPARO ANTE LA CTC
El abogado de Griñán, José María Calero, ha anunciado este martes en declaraciones a Europa Press que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) y, como último recurso, pedirá el indulto.

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De ser así, para recurrir al Juzgado de Garantías tendrá que cumplir primero un último trámite ante el Tribunal Supremo, planteando un incidente de nulidad que deberá resolver la Sala de lo Penal, por lo que su posible entrada en prisión se retrasaría aún más.

Las fuentes explican que, junto con el recurso de tutela, podría pedir al Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no suele bloquear el ingreso en prisión cuando la condena supera los cinco años, como ocurre en este caso.

En un reciente auto del 16 de junio, el TC señala que esto se debe a que las penas superiores a cinco años se consideran «graves», aunque añade que la jurisprudencia constitucional también tiene en cuenta otros criterios como «la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su relevancia social».

«Circunstancias que expresan la reprobación que el ordenamiento jurídico asigna al hecho delictivo y, en consecuencia, el alcance del interés general en su ejecución», indica el Tribunal Constitucional en este auto, al que tuvo acceso Europa Press.

El TC aclara que «hay algunos casos en los que, excepcionalmente, se ha concedido la suspensión, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento efectivo que resta por el cumplimiento previo de una parte sustancial de la sanción impuesta».

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INHABILITACIÓN PARA CHAVES Y PRISIÓN PARA GRIÑÁN

En 2019, la Audiencia de Sevilla condenó a Griñán a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por un periodo de 15 años y 2 días, mientras que Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación especial.

Durante la vista de los recursos, celebrada los días 4 y 5 de mayo, la Fiscalía pidió al Alto Tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex funcionarios de la Junta de Andalucía, entre ellos los dos expresidentes.

Para la Fiscalía, quedó demostrado que «querían modificar el sistema de concesión de ayudas para evitar cualquier tipo de control», dando lugar a un sistema «prevaricador» en el que «cada uno de ellos colaboraba para conseguir el objetivo común».

En esas vistas, la defensa de Griñán pidió al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación, al considerar que en los hechos probados no se aprecia «ninguna irregularidad» por parte del entonces consejero de Hacienda, ni que tuviera conocimiento de ellos, ni tampoco «ánimo de lucro». «No puede malversar si no puede decidir el destino de los fondos», dijo su abogado.

La defensa de Chaves también pidió la absolución del delito de prevaricación, citando sentencias anteriores del Tribunal Supremo para argumentar que los dos acuerdos sobre los anteproyectos del presupuesto andaluz -que aprobó cuando era miembro del Consejo de Gobierno- no podían considerarse actos administrativos sino políticos, por lo que -a su juicio- no se aplicaría el delito de prevaricación.