

El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid ha absuelto a los seis activistas que en abril de 2012 activaron la palanca de freno de varios vagones en protesta por el aumento de la tarifas impuestas en la época de Esperanza Aguirre, que iban a pasar abruptamente a ser un 11% más caras en plena crisis, han informado fuentes jurídicas.
Estas mismas fuentes han indicado que en la sentencia se apunta a que «ni siquiera queda acreditado» que parte de los seis integrantes estuvieran en dicho lugar, mientras que sobre el resto asegura que «los hechos no son constitutivos de desórdenes públicos».
Fue el 25 de abril de 2012 cuando un grupo de personas tiró al mismo tiempo del freno de seguridad en trece vagones de nueve líneas de Metro cuando estos estaban parados en las estaciones.
Tras la acción de protesta, un comunicado anónimo fue enviado a las redacciones de numerosos medios de prensa, en el que la acción era reivindicada por “un grupo de personas decididas a actuar contra la subida abusiva de las tarifas del transporte público”: “Hemos hecho saltar las alarmas de decenas de trenes del Metro de Madrid para detener durante unos minutos la actividad en todas sus líneas”.
“Con esta acción queremos demostrar que no estamos dispuestos a aceptar que se nos prive del acceso a una necesidad tan básica como es poder movernos por la ciudad en la que vivimos, y que haremos lo que sea necesario para frenar este escandaloso e intolerable incremento de los precios”, decía el mensaje, que aludía a la llegada del ‘tarifazo’ en un momento de “situación laboral y social dramática”, cuando “la mitad de la juventud no tiene trabajo, el despido es libre, las viviendas son inaccesibles, solo en Madrid 25 familias son expulsadas cada día de sus casas por no poder pagar al banco y 1.500 jóvenes emigran cada semana en busca de un futuro fuera de aquí”.
Ahora, seis años después, llega la sentencia absolutoria, que indica que este método «no es el más correcto pero no es constitutivo de delito ni de desórdenes públicos ni con el Código Penal actual ni con el anterior».
En su informe final, la Fiscalía de Madrid mantenía su solicitud de 6.600 euros de multa para los seis activistas. En concreto, pedía once meses de multa diaria de 20 euros
Mientras, Metro rebajó la petición de pena al pasar de 30 a 12 meses, manteniendo su petición de que pagaran 3.232 euros en concepto de responsabilidad civil. (Postdigital/Agencias)
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