Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, al sostener que está operación supone una «ilegalidad» y tiene que ser parada por «injusta».
Lissavetzky ha explicado que la denuncia se presentará previsiblemente este martes en un juzgado de instrucción y se basa en la posible comisión de estos dos delitos tipificados en el Código Penal, pues la enajenación de realizó sobre precios «muy inferiores» al valor que tienen en el mercado y por la venta de bienes con función social (fundamentalmente alquiler social) para que un ente privado haga «negocio» con estas viviendas a costa de los inquilinos.
Lissavetzky ha apuntado que el Ayuntamiento y la EMVS habrían incurrido en un presunto delito de malversación de caudales públicos al vender unos inmuebles, que se construyeron con el erario público, con precios que oscilan entre 65.000 y 70.000 euros, lo que supondría una pérdida del 30 por ciento sobre el valor que tendría los pisos.
Aparte, ha relatado que son «viviendas públicas construidas también en suelo público» con una utilidad social y que, para solventar la situación de deuda de la empresa municipal, salen a la venta. Ello implicaría un delito de sustracción de cosas a su utilidad social (artículo 289 del Código Penal). Además, en su denuncia van a reclamar al juzgado la suspensión cautelar de los efectos de la venta.
“Frenesí vendedor” del Partido Popular
Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, al sostener que está operación supone una «ilegalidad» y tiene que ser parada por «injusta».
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