En unas semanas ninguna familia aragonesa con ingresos inferiores a 14.910 euros anuales (1.242 euros al mes) podrá ser desalojada de su casa sin que se le haya asignado otra vivienda de realojo ni las compañías de suministros podrán cortarle la luz, el agua o el gas.
El decreto, impulsado por el Gobierno autonómico, comienza ahora su andadura para convertirse en ley tras el acuerdo de las Cortes, por lo que no podrá ser anulado tras un cambio de gobierno. Además, también blindará la medida frente al Gobierno central del PP, que busca impugnarla con un recurso ante el Constitucional que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada contra el decreto, pero que, por referirse a la redacción de este, no afectaría a la ley.
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