Santiago Calatrava, el arquitecto mimado por el PP valenciano, vuelve a estar en el centro de otro caso de contratación irregular de obra pública. En esta ocasión ha sido imputado en el marco de la investigación de la faraónica obra, no llegada a construir, del Centro de Convenciones de Castellón, por la que recibió a pesar de ello 2,7 millones de euros de manos de la Generalitat Valenciana mediante una adjudicación ‘a dedo’, que no se sacó a concurso público amparándose en la supuesta especificidad artística del diseño.
El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido citado a declarar como imputado por un juzgado de Castellón en la investigación que lleva a cabo sobre el Centro de Convenciones de esta ciudad, proyecto que él diseñó y que no llegó a materializarse.
Así lo ha anunciado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, según el cual el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha citado a Calatrava el próximo 2 de septiembre.
Además, requiere a la mercantil Santiago Calatrava GMBH para que aporte los programas de necesidades del Centro de Convenciones en relación al programa inicial, el procedente del Ayuntamiento de Castellón y el remitido por la Generalitat de mayo de 2008.
También le pide que informe en cuál de ellos se basó para realizar su plan director, anteproyecto y proyecto básico y para que indique la localización prevista del Centro de Convenciones dentro del Plan de Actuación Integrada (PAI) Mestrets.
El juez ha acordado requerir a la Sociedad de Proyectos Temáticos -dependiente de la Generalitat- para que aporte los estatutos de la sociedad, el acta de reunión por la que el Consejo de Administración autorizó el aumento del presupuesto inicial al finalmente aceptado para el Centro de Convenciones, y el informe técnico o motivación que acredita la especificidad artística del proyecto y que motivó la adopción del modo de contratación sin publicidad.
Al Ayuntamiento de Castellón, el juez requiere información sobre el PAI Mestrets, la fecha de iniciación, motivo de anulación y fecha de la misma; la localización que el Centro de Convenciones debía ocupar así como el título jurídico que le habilitaba para disponer de dicha superficie.
Supuestas irregularidades en contratos relacionados con el proyecto
En la investigación sobre el Centro de Convenciones fue ya citado a declarar como imputado el ex secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat Eusebio Monzó por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el proyecto, aunque se pospuso al no haber recibido la notificación de su citación.
La imputación en este caso de Monzó, que fue director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat, llevó al Gobierno valenciano a destituirlo de su cargo el pasado 18 de julio.
Tampoco pudieron realizarse en su día las declaraciones del exresponsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava Fernando Benzo, actual subsecretario del Ministerio de Educación, ni la del exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos Javier de Diego, debido a que los domicilios a los que se enviaron las citaciones no eran correctos.
El proyecto del Centro de Convenciones fue encargado por la Generalitat a Calatrava en 2008, al que pagó 2,7 millones de euros por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque su ejecución fue suspendida temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica.
Arropado por Camps y Fabra
Francisco Camps, como president de la Generalitat, y el entonces alcalde de Castellón y actualmente jefe del Consell, Alberto Fabra, firmaron el 14 de diciembre de 2007 el convenio de colaboración para la construcción del Centro.
Con una inversión prevista de 60 millones de euros, iba a ocupar una superficie de 100.000 metros cuadrados junto a la Ciudad de la Justicia.
En la presentación del proyecto, Camps dijo del edificio que iba a ocupar «un lugar destacado en la historia de la arquitectura», mientras que Calatrava representó el inmueble con el esbozo de una mujer desnuda sentada a los pies de un árbol.
Imputación en el caso Palma Arena
El proyecto de la Ópera de Palma de Mallorca, que tampoco llegó a realizarse, ya le valió al arquitecto valenciano la imputación en el caso de corrupción Palma Arena, por el que el antiguo presidente del gobierno autonómico del Partido Popular, Jaume Matas ha sido condenado a seis años de prisión.
Calatrava llegó a cobrar 1,2 millones de euros de dinero público por la elaboración del anteproyecto del edificio no construido, después de una supuesta contratación irregular también ‘a dedo’ como en el caso del Centro de Convenciones de Castellón.
La construcción de la Ópera de Palma no llegó a realizarse debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, ya que la pretensión del Ejecutivo autonómico del Partido Popular era la de inaugurarla poco antes de las elecciones autonómicas y municipales.
La imputación del arquitecto fue finalmente archivada por el juez instructor del caso, José Castro –el mismo juez que ha llevado a cabo la instrucción del Caso Nóos–, quien aceptó que la tramitación del expediente de contratación de Calatrava se hizo de forma “prevista en la ley” y contando con un informe “externo” de dos arquitectos del Ejecutivo balear del PP. (Postdigital/Agencias)
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