La Justicia vuelve a golpear al PP: La Audiencia Nacional constata la financiación ilegal en Valencia y condena a Ricardo Costa a 4 años de prisión

La Audiencia Nacional ha vuelto a asestar un duro golpe al Partido Popular con su sentencia del juicio de la rama valenciana de la trama Gürtel, en la que condena al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa por la financiación ilegal del partido para las elecciones de 2007 y 2008.

La sentencia, que se ha dado a conocer este lunes, condena a 18 de los 20 acusados en este macrojuicio por delito electoral, falsedad documental continuada y delitos contra la Hacienda Pública. Además de Costa, condenado a cuatro años de prisión, también reciben penas de prisión el líder de la trama, Francisco Correa (cinco años y tres meses), su número dos, Pablo Crespo (cinco años de prisión), y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ (seis años y nueve meses de prisión), este último fue absuelto en el juicio a la primera época de la Gürtel cuya sentencia propició la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El magistrado José María Vázquez Honrubia considera así probado que los condenados giraron facturas falsas para que otros empresarios sufragaran ilegalmente los actos electorales del PP de Francisco Camps, y aplica a todos ellos la atenuante de confesión o colaboración activa.

A Correa, además, le suma la reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros desde su cuenta en Suiza.

‘El Bigotes’ es el acusado para el que más pena ha recaído debido a que era el responsable de Orange Market, empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales de los ‘populares’ valencianos.

Tanto ‘El Bigotes’ como Costa señalaron directamente a Francisco Camps como máximo responsable, asegurando que esta operativa fue ordenada por él.

Queda absuelto, sin embargo, al exvicepresidente del PPCV Vicente Rambla, sobre el que el juez señala que “no hay vestigio alguno de intervención” a pesar de que considera que la confesión de Costa contra él es de “notable credibilidad y fiabilidad subjetiva” por lo que, aunque “es posible la comisión del delito”, también existe una “probabilidad razonable de que no lo hiciera”.

En cuanto a los empresarios que reconocieron ante la Fiscalía Anticorrupción que habían pagado irregularmente parte de las facturas de los actos electorales del PP, su rápida confesión ha llevado al magistrado a cambiar la solicitud de prisión de entre 15 y 21 años de la Fiscalía por el pago de una multa de hasta 154.500 euros, al aplicarles también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya un total de 1.057.101 euros, cuantía reclamada para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos.

Por último, sobre la cúpula del PPCV en aquella época, el magistrado condena a la exgerente Cristina Ibáñez a tres años y cuatro meses; al exvicesecretario de la formación David Serra, a tres años y ocho meses; y a la extesorera Yolanda García, a cuatro meses. También al que fuera contable de Orange Market, Cándido Herrero, a cinco años y un mes de prisión; y al asesor financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, a tres años de cárcel. (Postdigital/Agencias)