Camps, imputado por prevaricación, malversación, falsedad y cohecho en la construcción del circuito de la F1 en Valencia

La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps por prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y/o tráfico de influencias en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, que supuso un despilfarro de 89 millones de euros de dinero público.

Junto a Camps, también son imputados el que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, el exconsejero de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y varios empresarios, entre los que se encuentra el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja de la era Aznar.

Sobre Camps, la jueza sostiene que «impulsó» y «permitió» la construcción del circuito -«con la única intención de proyectar su imagen» como máximo representante de la Comunitat- «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».

En total, son 16 los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo del caso para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas.

Indicios “suficientes, sólidos, razonables y consistentes”

La magistrada señala en su auto que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.

La magistrada ha dedidido así abrir una causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. Además, la magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.

Camps amenaza con querellarse

Camps estudia presentar una querella contra la jueza al considerar que el proceso «obedece a una deformación política inaceptable en la judicatura» y cree que se trata de una «censora política de gobiernos». Así lo han confirmado fuentes de la defensa del expresident, tras conocer el auto de procesamiento de la magistrada -que van a recurrir-, y a quien Camps critica porque cree que su voluntad «ha sido ignorar los órganos de control» como Sindicatura o Intervención.

La defensa del expresident ha señalado que permanecen pendientes al criterio de Fiscalía Anticorrupción, que tiene diez días para presentar escrito de calificación y apertura de juicio, pedir el archivo o solicitar diligencias complementarias. Según su defensa, Camps entiende que es «especialmente sorprendente» que la jueza «califique como delito actuaciones efectuadas en el seno y la condición de presidente de la Generalitat, con la discrecionalidad política que dichas decisiones suponen».