Costa culpa a la cúpula del PP nacional y pide que Rajoy declare por la financiación ilegal del partido en Valencia

Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano acusado de financiar en negro tres campañas electorales del partido, culpa a la cúpula del Partido Popular y señala que todas las cuentas eran gestionadas por la dirección nacional del partido, como consta en el escrito de defensa con el que pide que su caso sea archivado por la Audiencia Nacional, según la cadena SER.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Costa siete y años y nueve meses de cárcel por falsedad documental y financiación ilegal en las campañas electorales del PP de 2007 y 2008, que fueron pagadas con más de tres millones de euros de dinero negro, incluidos varios actos de campaña de Mariano Rajoy.

Costa afirma que en estas campañas (para las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008) él carecía de “responsabilidad en la gestión económica administrativa de las mismas”, ya que la financiación siempre fue “competencia del PP nacional”.

En el escrito de defensa, Costa pide que sean interrogadas como testigos 32 personas, entre las que se encuentran el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, así como el extesorero Luis Bárcenas y varios antiguos cargos del PP valenciano.

Según la cadena SER, Costa sostiene que el PP tenía “una estructura única en todo el Estado”, una acusación que respalda el informe de la ONIF de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario del ‘caso Gürtel’, que apunta que las distintas federaciones territoriales del PP no eran independientes y alguien por encima decidía compensar los agujeros de cada caja regional con los remanentes del resto.

Costa también pide a la Audiencia Nacional que requiera información a Génova sobre las subvenciones que repartió para los citados procesos electorales y especifique quién nombra a los gerentes territoriales y sus funciones, así como qué son gastos ordinarios y qué son gastos electorales y si entre los ordinarios pueden ser incluidos los gastos de campaña.