La Fiscalía pide once años de prisión para seis de los mossos d’esquadra imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez tras ser reducido por la policía catalana en el barrio barcelonés del Raval, por un delito de homicidio y otro contra la integridad moral.
En su escrito de calificación, el ministerio público pide también año y medio de cárcel para dos agentes imputados por un delito de obstrucción a la justicia, por encubrir la actuación de sus compañeros, y solicita la absolución de otros dos.
Benítez murió el 6 de octubre del pasado año tras ser reducido en una calle del barrio barcelonés del Raval por hasta ocho mossos d’esquadra, que habían acudido al lugar alertados por una pelea que la víctima había tenido con un vecino. La Fiscalía acusa de homicidio a seis de los agentes que participaron en la reducción de Benítez, que serán juzgados por un jurado popular, al considerar que si bien no le golpearon con la intención de matarle sí eran conscientes de que ese podía ser el resultado de su actuación, y pide que indemnicen conjuntamente a la hermana de la víctima con 100.000 euros, de los que respondería subsidiariamente la Generalitat.
En opinión de la fiscal, los agentes hicieron la maniobra de contención, sujeción y reducción de Juan Andrés Benítez de forma «excesiva y desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a 12 minutos, en el número de mossos intervinientes, un total de ocho (…) como en la fuerza física ejercida sobre la víctima».
Los Mossos, sostiene la Fiscalía, provocaron al fallecido «un estado de estrés que, unido a los golpes, puñetazos, rodillazos y patadas diversas que le propinaron y el uso de porra o defensa policial en posición horizontal, llevaron a aquel a un estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorrespiratoria». En opinión del ministerio público, Benítez falleció debido a las lesiones que le provocaron los mossos d’esquadra, unido a la situación de estrés derivada de la propia contención, que se agravó por la dolencia cardíaca que la víctima padecía y el consumo de cocaína en horas previas.
Según la fiscal, aunque no existía un mando que coordinara la actuación policial, los mossos fueron conscientes de las lesiones que estaban causando a la víctima, algunas de carácter grave y que fueron presenciadas por el resto sin que hicieran nada por impedirlas, «mas al contrario facilitaron, favorecieron y coadyuvaron a su causación con su presencia activa y su actuación en grupo».
La fiscal cree que los agentes también eran conscientes de «los lamentos proferidos por la víctima, la respiración agitada del mismo, que podían alertar a cualquier persona del estado de estrés en que se encontraba y que fue producido por la propia contención y reducción llevada a cabo por los agentes, a todas luces desproporcionada para un ciudadano medio, cuanto más para los miembros de una fuerza de seguridad».
Obstrucción a la justicia
También reprocha a los agentes que, pese a encontrarse en el lugar de los hechos, no requirieran la intervención de los servicios sanitarios de urgencia, lo que «debería haber sido valorado por los agentes durante las maniobras de contención/reducción, conforme a las mínimas normas de cuidado, dado el estado en que se encontraba». Para la fiscal, Elena Contreras, los acusados, «puestos de común acuerdo y con unidad de propósito delictivo, colocaron a la víctima en una clara situación de riesgo y peligro que podía desembocar en su fallecimiento».
A otros dos mossos d’esquadra, Contreras les acusa de obstrucción a la justicia porque, «lejos de preservar» la mancha de sangre que que quedó en el lugar donde Benítez fue inmovilizado, acotarla o medirla, «se hicieron con una botella de agua cada uno y vertieron la misma» sobre el charco para hacerlo desaparecer, obstaculizando con ello las investigaciones.
Una vez Benítez había sido introducido en la ambulancia, uno de esos agentes subió a un edificio cercano y preguntó a una vecina si había grabado imágenes de la reducción, tras lo que esta procedió a borrarlas en su presencia. De esa forma, añade el escrito de acusación, el agente «obstaculizó de forma intencionada el buen fin de la investigación de los hechos que necesariamente debía llevarse a cabo». De forma alternativa, la Fiscalía solicita que los seis mossos que intervinieron en la reducción sean condenados por un delito de homicidio imprudente a cinco años de cárcel.
(Agencias)
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