Posible imputación de Cristina Cifuentes por una querella criminal sobre las Marchas de la Dignidad del 22M

Cristina Cifuentes podría ser imputada por su polémica actuación durante la manifestación de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014 en Madrid, que acabaron en graves disturbios con más de 100 heridos y una treintena de detenidos cuando ella era delegada del Gobierno.

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha solicitado a la Asamblea de Madrid que certifique la condición de aforada de Cifuentes y lo ha hecho mediante un escrito de diligencias previas en el que, como delito, consta “prevaricación administrativa” en relación con las Marchas de la Dignidad 22M, según publica este viernes el diario El Mundo.

El requerimiento de la situación de aforada de la presidenta de la Comunidad de Madrid es el trámite habitual para buscar la imputación de un cargo público y se deriva de una querella criminal interpuesta por la asociación Marcha de la Dignidad 22M en calidad de Acusación Popular junto a numerosos colectivos sociales y organizaciones políticas y sindicales, que participaron en la manifestación de aquel día bajo el lema “No al pago de la deuda. Fuera los Gobiernos de la Troika. No más recortes. Pan, trabajo y techo”.

La denuncia se interpone contra Cifuentes como delegada del Gobierno y contra todos los mandos policiales y políticos que participaron en el dispositivo de seguridad, entre los que se encuentran Ignacio Cosidó (director general de la Policía Nacional), Arsenio Fernández Mesa (director general de la Guardia Civil), Florentino Villabona (comisario general de Seguridad Ciudadana) y numerosos mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios, y se extiende a “cualesquiera otros que aparezcan responsables a lo largo de las investigaciones”.

Los delitos por los que se interpone la denuncia son tres: un delito contra las garantías constitucionales por disolución ilegal de manifestación, un delito por la violación de diversos derechos cívicos y constitucionales como la retención de autobuses de manifestantes y las identificaciones preventivas que atentan contra el derecho a la intimidad y un delito de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, además de otros delitos que resulten en el curso de la investigación.

Los denunciantes afirman que los hechos relatados en su querella son de “gravedad extrema” y hacen calificar la acción policial sobre los manifestantes de delictiva, ya que se iniciaron las cargas policiales cuando aún se estaba celebrando el acto de finalización de la manifestación dentro del horario comunicado y “se cargó contra los manifestantes pacíficos con la excusa de que un pequeño grupo no identificado y de menos de 50 personas estaba generando un incidente” haciéndolo “de forma expansiva disolviendo de facto la manifestación pese a los requerimientos de los organizadores, provocando un peligro real sobre la integridad de miles de personas”.

Para los denunciantes, fueron policías infiltrados los que motivaron los primeros disturbios tras recibir una orden de sus superiores y, cuando empezaron los altercados, los agentes antidisturbios no cargaron contra este grupo sino contra el resto de manifestantes pacíficos.

“La actuación policial fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra el conjunto de manifestantes, dejando un saldo de centenares de lesionados, incluidos dos fotógrafos heridos, una persona que ha perdido un testículo como consecuencia de una pelota de goma y otra que ha estado cerca de perder un ojo por el mismo motivo”, refiere la querella, que señala que se utilizaron gases lacrimógenos y pelotas de goma, que están prohibidas en la mayor parte de la Unión Europea.

En cuanto al delito de prevaricación, la querella apunta a decisiones y resoluciones de “carácter arbitrario e injusto” por parte de diferentes autoridades gubernativas o policiales y entiende que ha de actuar el derecho penal “cuando la actuación de la administración se convierte, como en el caso que denunciamos, en un instrumento al servicio de los que atentan contra el ejercicio de derechos fundamentales, intentando desde un cargo público de autoridad perseguir a los opositores políticos, con el uso torticero y forzado de la legislación, falseando la realidad, y utilizando a sabiendas resoluciones injustas”.

La querella se sustenta en la aportación de numerosos documentos y vídeos que probarían la acusación. Según el diario El Mundo, desde el PP confían en que este proceso no termine con la imputación de Cristina Cifuentes, después de haberse vivido un caso similar en el Parlamento Autonómico en relación a la ‘Púnica’, cuando la Audiencia Nacional pidió primero a la Asamblea de Madrid que confirmase la condición de aforado del excalde de Móstoles Daniel Ortiz, y, posteriormente, remitió un auto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para pedir la imputación de este.