El Gobierno municipal de PP y Cs ya tiene una de sus primeras medidas, cerrar la Oficina de Derechos Humanos y Memoria puesta en marcha en 2017 por el anterior equipo capitaneado por Manuela Carmena, alegando que «no ha servido a sus fines sino a ser correa de transmisión del sectarismo del gobierno de Carmena».
Era el tercer teniente de alcalde de la anterior corporación, Mauricio Valiente, quien estuvo al frente de esta Oficina, en la que trabajaban tres funcionarios y cuyo objetivo era velar por la aplicación del plan estratégico de Derechos Humanos aprobado por el Ayuntamiento de Carmena en 2017 y asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica poniendo en marcha las medidas propuestas por el Comisionado de Memoria madrileño que funcionó entre 2016 y 2018, como la de promover una ciudad libre de símbolos franquistas.
Desde el equipo del anterior Consistorio consideran que el cierre de la Oficina «va muy en la línea de este gobierno, que se caracteriza en primer lugar en deshacer lo que hizo o dejó hecho Manuela Carmena y que no tiene más proyecto que borrar la huella de Carmena», opina Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
«Va además en la línea de lo que el PP y Cs han hecho en el mandato anterior, que es bloquear y boicotear la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica», añade la concejala, que subraya que «es una mala noticia para la ciudad, basada en el revanchismo y sectarismo ideológico».
También desde el PSOE critican duramente la medida y expresan que no les sorprende que “lamentablemente, Ciudadanos y el PP, en su loca carrera por agradar a Vox”, decidan cerrar la Oficina: «Somos conscientes de que Vox quiere presentar al genocida Francisco Franco como un hombre de Estado, lo sorprendente es que dos partidos que se autodenominan constitucionalistas, Cs y PP, quieran continuar ignorando a quienes defendieron, en muchas ocasiones con su propia vida, los valores constitucionales de legalidad, libertad y democracia», señala el concejal socialista Ramón Silva.
Desde el nuevo equipo de Gobierno, aupado por Cs, PP y Vox, alegan para el cierre que esta Oficina se opuso «a todo tipo de apoyo a los opositores demócratas de Venezuela acordado en el Pleno» y esgrimen que «el anterior equipo de Gobierno ha hecho de la oficina un instrumento de discordia y confrontación en relación con la memoria histórica».
Según fuentes del nuevo Consistorio, la Oficina «solo» ha reconocido a unas víctimas «de atropellos a los derechos humanos y no a todas», y aseguran que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida mostrará su reconocimiento y respeto a “todas” las víctimas de violaciones de derechos humamos: “No miraremos el color político de los verdugos”.
Ese reconocimiento unilateral del que acusan al anterior Consistorio sería, por ejemplo, la intención de colocar una placa conmemorativa en el cementerio de la Almudena con los nombres de los casi 3.000 fusilados entre 1939 y 1944 por el régimen franquista.
