Unos centros que, en algunos casos, tienen causas abiertas en los tribunales por presuntos delitos de homicidio imprudente
El gobierno de la Comunidad de Madrid pagará más de un millón de euros a 15 residencias privadas de ancianos que intervinieron durante la primera oleada de la pandemia. Mientras muchos familiares de los cerca de 6.000 ancianos fallecidos en estos centros durante el momento álgido de la emergencia sanitaria luchan en los tribunales para que los responsables rindan cuentas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso intenta evitar más acciones judiciales indemnizando a las empresas encargadas de gestionar las residencias de ancianos.
Los hechos se produjeron cuando el Ministerio de Sanidad dio poderes especiales a las comunidades autónomas para intervenir en las viviendas, independientemente de su titularidad. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid trasladó a algunos usuarios de un centro a otro y, en algunos casos, también cambió a los responsables. Después, al menos 15 de las empresas afectadas pidieron una indemnización, que ahora están empezando a cobrar, según la Cadena Ser.
Un claro ejemplo es la residencia de ancianos Ballesol Mirasierra. Llegó a un acuerdo con la Consejería de Madrid en el que se aceptaba el traslado de 45 ancianos al centro «ante el rápido avance de la enfermedad y teniendo en cuenta la extensión y evolución de la crisis sanitaria». En el mismo documento se especifica que la Comunidad de Madrid «tenía una necesidad imperiosa de actuar con urgencia». Ahora, la empresa matriz de este centro, Intercentros Ballesol S.A., recibirá casi 269.000 euros de indemnización por 3.017 días de estancia. Ballesol Mirasierra es uno de los centros investigados por homicidio imprudente.
Estas compensaciones se calcularon sobre la base de un informe encargado por los centros privados.
Pero este no es el único caso. Al menos otros 14 centros -la mayoría de los cuales pertenecen a tres grandes grupos empresariales- también han reclamado indemnizaciones y la Comunidad de Madrid ha reconocido su derecho a ellas. El Gobierno regional considera que las cesiones de usuarios «tienen carácter expropiatorio» y generan el derecho a una indemnización. A estos pagos se destinará un importe de 1.119.791,70 euros.
Estas compensaciones se han calculado en base a un informe de la consultora KPMG encargado por los propios centros privados y por el que la Comunidad de Madrid «no ha pagado nada». El documento establecía una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia. Esta cantidad le pareció excesiva a la Consejería de Sanidad y la redujo a 89,14 euros, alegando que quedaban excluidos los gastos para los que no había «mutuo acuerdo entre las partes».
