La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella por estafa contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de responsables de la entidad, por la concesión sistemática de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo entre 2003 y 2009, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria.
En un auto conocido hoy, el juez José de la Mata ve indicios de varios posibles delitos, entre ellos estafa, además de asociación ilícita y falsedad documental, ya que los hechos habrían repercutido gravemente en la economía nacional, y llamará a declarar a una veintena de responsables de Caja Madrid, entre ellos su ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj.
A raíz de un informe del Banco de España, el magistrado advierte de que los querellados «habrían permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de la entidad» mediante una práctica «sistemática» apoyada en la tasadora del grupo para falsear los créditos hipotecarios y concederlos sin garantías reales de devolución.
Así, según recoge el auto, Tasaciones Madrid valoraba los inmuebles hipotecados por encima de su precio, lo que permitió ocultar la concesión de préstamos «por encima del 100 % del precio de la compraventa». Además, Caja Madrid habría otorgado dichas hipotecas a 20 años o más a «personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez».
Un coste de millones de euros de dinero público en el rescate
Unas irregularidades que, destaca De la Mata, «derivaron en una cartera de alto riesgo» que acumuló pérdidas para una entidad que, tras su fusión, requirió de «miles de millones de caudales públicos» para ser saneada.
En relación con las mencionadas pérdidas el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera, » y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla».
Para iniciar la investigación el juez requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de » scoring» o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones realizados.
