El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el izquierdista Pablo Bustinduy, ha comenzado a enviar cartas a empresas españolas establecidas en Israel para pedirles que adopten las medidas necesarias para evitar que sus actividades «contribuyan al genocidio en Palestina».
Según explica su departamento, se emplaza a las compañías a reportar al ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para frenar los riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los «territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza».
En un comunicado publicado este miércoles, también se insta a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están tomando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se vive en la zona.
Bustinduy solicita a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que los consumidores conozcan las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las «graves violaciones de derechos humanos» que está sufriendo el pueblo palestino.
Israel emprendió una ofensiva militar en la Franja a raíz del ataque del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás del pasado 7 de octubre, cuando asesinó a 1.200 personas y secuestró a 250.
Las operaciones israelíes han causado hasta el momento cerca de 35.000 muertos y más de 78.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.
La carta del ministro español recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para «impedir el genocidio en la Franja de Gaza».
Además, expone distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, como la que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israel se abstengan de «cometer violaciones graves de los derechos humanos o contribuyan a las mismas».
Bustinduy explica que tal petición de información responde a la preocupación que el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, le mostró recientemente en una reunión sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los territorios ocupados.
«Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU», concluye el Ministerio de Derechos Sociales.
