La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha prohibido este martes una manifestación convocada por la Asociación de Ateos de Madrid para este Jueves Santo porque, entre otros argumentos, supone «una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro real para la integridad física de las personas o de bienes públicos o privados».
ARGUMENTOS PARA UNA PROHIBICIÓN
La prohibición se ha basado en diversos informes. El emitido por el Ayuntamiento de Madrid desaconseja la manifestación en esa fecha porque se celebran actos religiosos «multitudinarios» en el distrito Centro. Concretamente, a las 19 horas está programada la procesión de Jesús ‘El Pobre’ y a las 20 horas la del Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena.
Aluden a que es probable que se produzcan incidencias ese día en cuanto a la movilidad, ya que la ciudad «es objeto de visitas por un ingente número de vecinos de Madrid y turistas»; y también por razones de seguridad ciudadana «por el carácter claramente antagónico» de ambas actividades, «que podría dar lugar a enfrentamientos entre los asistentes a ambas». El informe emitido por la Policía Nacional insisten en la coincidencia con las procesiones religiosas.
En la motivación de la resolución, la Delegación del Gobierno en Madrid expone motivos similares a los antes aludidos y añade que es «más que probable que la convocatoria de la manifestación, una vez sea conocida por la opinión pública, dé lugar la convocatoria de contramanifestaciones que puedan provocar incidentes de orden público».
Además, aluden a que dicha marcha «incide en la propia imagen de la ciudad de Madrid, en uno de los atractivos turísticos en esta época del año». Y también recuerdan las anteriores prohibiciones, avaladas por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La Delegación también esgrime que los lugares por los que pretenden marchar los convocantes son calles que «curiosamente presentan nombres relacionados con la simbología católica», discurren por zonas con muchas parroquias y el lugar de la celebración de la manifestación «constituye un enclave de alto valor patrimonial histórico-artístico».
«No debe obviarse la fecha, lugar y hora elegidas por los convocantes que, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día especial de significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación», agrega la resolución del departamento que dirige Cristina Cifuentes.
CUARTO INTENTO
Los ateos madrileños intentan por cuarta vez consecutiva ‘procesionar’ por la capital el Jueves Santo, algo que aún no han conseguido, ya que han sido prohibidas en varias ocasiones por la Delegación del Gobierno, una decisión avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El año pasado la ‘marcha atea’ fue tumbada por llegar fuera de plazo, pero en 2012, que fue comunicada a tiempo, fue prohibida por el departamento estatal «por su evidente voluntad de provocación» a los católicos.
La resolución se basó, entre otros motivos, «en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados».
Tras ser recurrida ante la Justicia por los convocantes, el TSJM avaló dicha prohibición porque estimó que se ese día se debía dar preferencia a las manifestaciones religiosas y entendió que está debidamente justificada la restricción del derecho de expresión por ser proporcional la medida adoptada.
La Delegación del Gobierno también prohibió, con parecidos argumentos, dicha marcha en 2011, cuando estaba al frente del organismo la socialista Mercedes Carrión. El TSMJ también avaló dicha decisión. De hecho, ésta es de las pocas ocasiones que el Alto Tribunal madrileño da la razón al departamento estatal en materia de restricción del derecho de reunión.
(EuropaPress)
