El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó hoy a España que derogue o enmiende la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado.
España se sometió el pasado 6 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hoy el organismo ha presentado sus conclusiones.
El Comité mostró su «preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias» durante la guerra civil y la dictadura.Es por ello que el organismo «reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto».
«Hay cosas que el Estado puede hacer ya, rápidamente, para evitar que los testigos de los hechos, ya muy mayores, mueran a causa de su avanzada edad. Además, se puede reparar a las víctimas», indicó Fabian Salvioli, presidente del Comité.
Asimismo, los expertos del Comité se dijeron «preocupados por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas».
En particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas «se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate».
«Por ejemplo, el Estado podría apropiarse de las exhumaciones y búsqueda de restos. Esto ayudaría a aplicar el derecho a la verdad», dijo, a su vez, Yuval Shany, otro miembro del Comité.
Además, los expertos critican que haya dificultades para el acceso a los archivos, especialmente los militares.
Ante esta situación, el Comité pide a España que impulse activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado.
«El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas».
Otro de los temas que más preocupa al Comité es el de las llamadas «devoluciones en caliente de inmigrantes» en las fronteras de Ceuta y Melilla.
«Al Comité le preocupa que dichas expulsiones sumarias se realizan sin las garantías suficientes para que se respete el principio de no devolución, cuando corresponda. El Comité también está preocupado por informes que dan cuenta de casos de solicitantes de asilo no sirios a los que se les niega el acceso a las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla».
Ante esta situación, los expertos instan a España a que «revise» la reciente Ley de Seguridad Ciudadana para «que garantice que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados».
En el mismo contexto, los expertos mostraron su preocupación respecto a «frecuentes informes que dan cuenta de denuncias de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes, incluyendo solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, tanto por las autoridades españolas como por las autoridades marroquíes que actúan en territorio español».
El informe también se refiere a la privación de libertad de inmigrantes en situación irregular y pide «evitar la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales».
Con respecto al régimen de incomunicación de los detenidos, el Comité «recomienda nuevamente que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminarlo».
Por otra parte, el Comité «observa con preocupación las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en particular en el marco de protestas ciudadanas».
Especialmente, los expertos criticaron «las debilidades en las investigaciones de denuncias y sanciones» y expresaron preocupación por la concesión de indultos a policías condenados por el delito de tortura, «lo cual contribuye a una sensación de impunidad por parte de los agentes del Estado».
Es por ello que el Comité insta a España a «prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables por el delito de tortura».
Dada su importancia, el Comité ha solicitado a España que responda en un año respecto a los temas relacionados con los llamados delitos del pasado; y con el trato a los inmigrantes, solicitantes de asilo y menores no acompañados.
(Agencias)
