Novacaixagalicia, resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, fue unos de los bancos nacionalizados y rescatados por el Estado, y costó a los españoles la friolera de 8.000 millones de euros de dinero público, ya que para salvar al banco de la quiebra se inyectaron 9.000 millones, de los que se recuperaron tan solo 1.000 con la venta de la entidad al grupo venezolano Banesco, en una operación que, inexplicablemente, hinchó de orgullo al ministro de Economía Luis de Guindos.
Los responsables de llevar a Novacaixagalicia a la quiebra, su antigua cúpula directiva, se sentaron en el banquillo por haberse embolsado 18,9 millones de euros en prejubilaciones, acusados de administración desleal, apropiación indebida y estafa, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pedía tres años de prisión, la devolución del dinero robado y el pago de una multa.
Según la Fiscalía, los directivos acusados –Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán– acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixa Galicia y Caixanova, “movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión”, sabiendo que Caixanova se hallaba en serias dificultades y había pedido ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Sin embargo, la condena impuesta por la Audiencia Nacional para los cuatro exdirectivos y su abogado se queda en dos años de prisión e inhabilitación y el pago de una multa de 250 euros diarios durante diez meses, poco más de 75.000 euros en total, mientras que de la devolución de los 18,9 millones, nada se dice.
Al ser la condena de tan solo dos años de prisión, los exdirectivos podrían solicitar la suspensión de la pena, algo que harán presumiblemente, por lo que no llegarán a entrar en la cárcel.
Según la sentencia, la entidad “valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado”. Los 75.000 euros de multa por cabeza no alcanzarían siquiera a cubrir los 24 millones de euros de dinero público que tuvo que aportar el FROB por los contratos millonarios de los directivos.
Novacaixagalicia es, junto al Banco de Valencia, Catalunya Caixa y BFA-Bankia, una de los cuatro grandes entidades bancarias incluidas en el “grupo 1” que tuvieron que ser rescatadas con inyecciones multimillonarias de dinero público que nunca se recuperará.
