Legislar contra el anonimato en las redes sociales o el control del Estado sobre lo que se publica en Internet con la excusa de evitar las ‘fake news’ o noticias falsas, amparándose en motivos de seguridad nacional, son las últimas pretensiones del Partido Popular que suponen “intentos de control político de la información periodística”, según denuncia el manifiesto ‘En defensa de la libertad de información’, que advierte de las consecuencias negativas que una nueva legislación en este sentido tendría contra la libertad de información y expresión tanto en los medios de comunicación como en la red.
Manifiesto completo: “En defensa de la libertad de información”
Las organizaciones firmantes de este documento vemos con gran preocupación los intentos de control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet, con la excusa de la amenaza de las ‘noticias falsas’.
La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950.
Sin embargo, al mismo tiempo, rechazamos rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo, tanto en los medios de comunicación como en la red.
Consideramos muy peligroso que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa. Antes bien, consideramos que las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de contenidos deben tratarse adecuadamente sobre la base de las categorías y los instrumentos jurídicos ya existentes, por lo que cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social.
Todos los actores involucrados en generar un flujo comunicativo público deben asumir la responsabilidad de combatir, y no promocionar, la difusión de contenidos falsos. Las campañas promocionales, sean comerciales, políticas o de cualquier otro tipo, deben evitar estas prácticas en su estrategia comunicativa.
Manifestamos nuestra preocupación porque si bien los agentes políticos no siempre son ajenos a este tipo de prácticas, precisamente algunos de ellos pretendan ahora luchar contra la desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios y la libertad de expresión, especialmente en Internet. Además, con propuestas de participación dirigidas sólo a una parte, limitada, de la realidad periodística e informativa de nuestro país.
En cuanto a la prensa, consideramos que los medios de comunicación y los periodistas son responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el ejercicio de su función. Los códigos deontológicos deben incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la difusión de infundios que deslegitiman el periodismo. Defendemos el periodismo de “código abierto” como uno de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas.
Las técnicas de verificación de contenidos, promovidas tanto desde los medios como desde organizaciones, pueden llegar a ser otra forma de control. Por ello deben cumplir los estándares internacionales consensuados en esta materia. Entre otros: apartidismo e igualdad en la aplicación de técnicas de verificación de contenidos; transparencia en las fuentes; transparencia en los recursos y en quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad en la publicación de correcciones.
Reivindicamos, por tanto, la transparencia tanto de los poderes públicos, y de quienes se financian con dinero público, como de organizaciones políticas (partidos) e informativas (medios de comunicación) como el principal instrumento para combatir la supuesta difusión de hechos falsos.
Igualmente, deberían promoverse acciones divulgativas y de formación sobre técnicas de verificación de contenidos dirigidas a la ciudadanía, en particular a públicos vulnerables como los jóvenes.
Exigimos que las iniciativas promovidas por el Gobierno y las organizaciones políticas en este terreno sean respetuosas con los estándares internacionales sobre protección de la libertad de expresión e información.
En particular, se evitará el derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios. También debe evitarse la imposición de responsabilidades o la adopción de medidas de control por parte de los intermediarios y las plataformas de Internet, dado que ello genera un claro riesgo de censura privada.
Por lo tanto, manifestamos nuestro rechazo expreso a las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta.
