Desde hoy, Jueves Santo, hasta el próximo 1 de abril, Domingo de Resurrección, las banderas ondean a media asta para conmemorar la muerte del icono católico Jesucristo en todas las unidades, bases y acuartelamientos militares, en la sede central del Ministerio de Defensa y sus delegaciones territoriales por orden de la ministra de Rajoy, María Dolores de Cospedal, tal como ocurrió ya el año pasado, desatando la polémica de nuevo.
La legislación de España, un estado supuestamente aconfesional, recoge en un Real Decreto de 2010 que la bandera ondeará a media asta solo en las siguientes circunstancias y por un período de tiempo determinado: cuando el Gobierno decrete luto nacional, por militares fallecidos en acto de servicio y por la muerte del rey, su consorte o heredero. Nada de festividades religiosas.
Por otro lado, la misma normativa también estipula que los honores fúnebres se rendirán por la muerte del presidente del Gobierno y los expresidentes, al ministro de Defensa, a los oficiales y a los jefes del Estado Mayor, y a personalidades que hayan rendido excepcionales servicios a España. Tampoco habla de celebrar funerales honoríficos por la muerte de Jesucristo.
En cuanto a las celebraciones religiosas, el texto solo alude al derecho a la libertad religiosa de los militares como individuos, que podrán asistir de manera voluntaria a “celebraciones de carácter religioso con tradicional participación castrense”. El izado de bandera a media asta nada tiene que ver en este punto.
Así, militares del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire participan este año en más de 200 actos institucionales, religiosos y culturales con motivo de la Semana Santa y, además, las banderas vuelven a rendir homenaje a Cristo
Según Defensa, «el ondeo a media asta de la enseña nacional en determinadas fechas forma parte de la tradición secular de los ejércitos, que está integrada en la normalidad de los actos de régimen interior que se celebran en las unidades militares», y justifica la decisión apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2011 en la que afirma que “cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos”.
Sin embargo, los poderes públicos en este caso son los altos cargos del Gobierno del Partido Popular, más concretamente Cospedal, confesa practicante y defensora de la fe católica que no duda en pasear mantilla y luto en las procesiones del Corpus toledano.
