Siete entidades sociales han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si la difusión de varios vídeos de Vox, elaborados y difundidos en sus redes y páginas web con motivo de la campaña electoral, puede constituir un delito de odio tipificado en el Código Penal. Asimismo han presentado una queja en el Defensor del Pueblo.
Las entidades, que han presentado un escrito en la Fiscalía, consideran que en esos vídeos se difunden mensajes «claramente xenófobos y discriminatorios, que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro».En uno de ellos se «criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable», como los menores migrantes sin referentes familiares, porque se emiten imágenes y testimonios de personas que han sido supuestamente agredidas por estos niños, lo que generaliza las conductas violentas como algo «intrínseco» a la infancia migrante no acompañada, según han señalado las asociaciones en un comunicado.
«Esta generalización puede conllevar a consecuencias fatales para la integridad física y psíquica de estos menores, en la línea de los últimos asaltos a los centros donde están acogidos», añaden las entidades, entre ellas SOS Racismo, Red Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Además, puede dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un trabajo o a una vivienda, subrayan las entidades antes de resaltar que «estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población» y ponen «en peligro la convivencia entre vecinos».
Los vídeos de Vox, que «criminalizan» a los migrantes y fomentan «situaciones idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo», pueden incurrir en un delito de odio del artículo 510 del código penal, indican las asociaciones.
Ese artículo, explican, establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado. Por ello, las entidades instan al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado a que admitan el escrito presentado y que inicien de forma «urgente» la investigación de estos «graves hechos». Asimismo, solicitan a la Fiscalía a que adopte, como medidas cautelares, la retirada de los materiales audiovisuales, «no solo para el total esclarecimiento de los hechos», sino también para la «protección de las víctimas».
Además, instan a todos los partidos políticos a que «no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas y centren sus campañas en las propuestas de cada partido para mejorar la protección de las personas y colectivos vulnerables, los mecanismos para mejorar la convivencia y gestionar la diversidad». Han firmado el escrito, además de las entidades citadas, Andalucía Acoge, Elín Encuentros Sin Fronteras y Centre per la Defensa dels Drets Humans.
