A la vista de los nuevos Presupuestos Generales del Estado elaborados por el PP para 2016, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia ha presentado esta semana una denuncia contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la Fiscalía General del Estado por incumplir la Ley de Dependencia.
“Nuestra coordinadora no puede seguir permitiendo que el Ejecutivo siga masacrando al colectivo más débil y frágil de nuestra sociedad”, expresan desde la organización, que acusa a Rajoy del “hurto en los Presupuestos Generales del Estado de 1.490 millones de euros durante su legislatura”.
En referencia a los derechos de las personas dependientes y la protección social, la Coordinadora denuncia la vulneración de tres artículos de la Ley de Dependencia y nueve de la Constitución española, y afirma que “es evidente que el señor Rajoy está haciendo un claro incumplimiento de sus funciones como máximo responsable del Ejecutivo, que debe velar por el cumplimiento de la legislación vigente”.
En concreto, la asociación denuncia que Rajoy está “incumpliendo con la obligatoriedad del Gobierno de financiar el 50% del coste del sistema de atención a la dependencia y que en realidad solo lo hace con un 17%”, frente al 19% que, dice, aportan las propias personas dependientes, “más que el Estado”, aunque la ley contempla que la financiación pública de este nivel de protección “correrá a cargo de la Administración General del Estado, que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
Según la asociación, estas políticas del Gobierno de Rajoy se han traducido en “más de 117.000 dependientes fallecidos (uno cada 15 minutos de forma ininterrumpida durante 43 meses) sin haber recibido ningún servicio o prestación a la que tenían derecho”. Además, según los datos aportados, 177.000 personas en situación de dependencia han perdido el derecho a recibir prestaciones sociales en estos cuatro años de legislatura del PP, 4.429 de las cuales han vivido en persona la retirada de las prestaciones que estaban recibiendo hasta el momento.
Por todo ello, las plataformas de defensa de la Ley de Dependencia piden a la Fiscalía que impulse “las actuaciones oportunas para la averiguación de posibles delitos cometidos” por parte del presidente del Gobierno.
