Inspección de Trabajo ha incrementado su presión sobre las empresas un 355%
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto multas por un total de 1.530,24 millones de euros por infracciones de las empresas en relación con la obligación de registrar la jornada laboral diaria de sus trabajadores. El control de la jornada laboral fue implantado en mayo de 2019 por el Gobierno del PSOE como medida para controlar el gran número de horas extraordinarias no registradas y, por tanto, no pagadas que realizan los trabajadores en España. Desde entonces, con datos actualizados a 20 de septiembre de 2021, la Inspección ha detectado 1.274 infracciones en este control por parte de las empresas.
En concreto, en 2021, hasta el 20 de septiembre, la Inspección impuso sanciones por un valor total de 514,9 millones de euros tras detectar 401 infracciones. Esta cantidad se suma a los 241,15 millones de sanciones registradas entre mayo y diciembre de 2019, cuando se detectaron 225 infracciones, y a los 774,19 millones de sanciones impuestas en todo 2020, sobre 648 infracciones. De este modo, el importe de las sanciones impuestas hasta el 20 de septiembre representa el 66,5% del total de las registradas en 2020, mientras que, en cuanto al número de infracciones detectadas, las 401 de los nueve primeros meses de 2021 representan el 61,8% de las 648 del año pasado.
Por otro lado, la labor de la Inspección de Trabajo ha conseguido convertir más de 300.000 contratos temporales en indefinidos en lo que va de año, habiendo aumentado su actividad en un 355% en los dos últimos años. Los expedientes tramitados en este periodo, relacionados con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de la pandemia, han supuesto la incoación de 44.393 expedientes, de los cuales 35.190 han finalizado. De ellos, sólo 5.832 dieron lugar a sanciones. Se finalizaron 35.190 informes sobre procedimientos de despido temporal (ERTE), que dieron lugar a 5.832 sanciones.
Sólo hubo 5.832 sanciones de 35.190 casos finalizados y 44.393 iniciados. Al cruzar los datos de las empresas con empleos temporales de más de 24 meses, 267.000 contratos de trabajo se convirtieron en contratos indefinidos en fraude en tres meses. Además, en lo que va de año, 50.191 empleos irregulares han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares se han convertido en contratos indefinidos.
Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que creará una oficina antidiscriminación y otra de lucha contra el fraude transnacional, y reforzará las capacidades del organismo en materia de despidos colectivos. El plan prevé transformaciones estructurales de la Inspección para readaptar su trabajo a los cambios económicos y sociales acelerados por la pandemia, actualizando sus estrategias y planes de intervención para hacer frente a las «nuevas formas de fraude laboral».
También se creará una oficina estatal de lucha contra la discriminación para combatirla de forma real y efectiva, ya sea por discriminación de género, discapacidad o sexo, por ejemplo. Asimismo, se creará una unidad especial para combatir el fraude laboral transnacional, con el fin de identificar a las empresas buzón con sede en España y que operan en otros países de la UE y viceversa.
La modernización de la Inspección pasa también por el impulso de las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de las actuaciones inspectoras y la incorporación de perfiles para abordar los nuevos retos derivados de la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas de suministro globales y las nuevas condiciones de trabajo.
