La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto con AVAAZ, ha presentado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción 143.000 firmas ciudadanas y abundante documentación que justifica la reapertura de la investigación de lo que consideran “el mayor caso de corrupción de la historia de España”: los 3.396 millones de euros que las grandes empresas eléctricas facturaron de más a los consumidores desde 1998 hasta 2006 (las dos legislaturas del gobierno de José María Aznar y los dos primeros años del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y cuya devolución los sucesivos gobiernos se han negado a reclamar.
Los demandantes consideran que, con los documentos aportados, quedan probados los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos tanto por el actual Gobierno del Partido Popular como por el anterior del PSOE.
“Sería muy llamativo que, con todos estos documentos demoledores sobre la necesidad de exigir la devolución, considerara que no hay caso y lo archivara. Porque alguien tuvo que tomar la decisión de no reclamar el dinero», ha expresado el experto energético Jorge Morales de Labra, que rechaza que éste sea un tema del pasado ya que las liquidaciones del sector eléctrico no son firmes hasta que pasan cuatro años, por lo que el plazo para reclamar la devolución a las empresas de la liquidación de 2006 se alarga hasta 2014.
El Gobierno, por tanto, podría haber reclamado el dinero adeudado hasta el año pasado, y no lo hizo, perpetuando el “regalo” de 3.400 millones de euros a las eléctricas, un dinero que podría haber evitado los grandes recortes en muchos servicios sociales, y permitiendo la repercusión en los precios “desorbitados” de la energía para los hogares españoles.
«Esto es la punta del iceberg. Queremos que ese dinero no quede en el olvido, sino que se devuelva a los consumidores», ha exigido la coordinadora estatal de la Plataforma, Cote Romero, avanzando que a las cinco denuncias que ya hay presentadas contra España ante la Comisión Europea (CE) se sumarán otras dos «en breve» por temas relacionados con la eficiencia energética y las renovables.
Por su parte, la responsable de campañas de Avaaz en España, Patricia Martín, ha exigido saber si «hubo padrinos» en este «regalo» a las eléctricas» que constituye «la mayor estafa» desde el inicio de la Democracia. «Exigimos que el Gobierno y la Fiscalía actúen de oficio para llegar hasta el fondo de este asunto».
Los denunciantes han presentado también un borrador de orden ministerial sobre cómo realizar las liquidaciones y recuperar el dinero, así como dos informes de la Asesoría Jurídica del Estado y de la Comisión Nacional de la Energía que instan al Ejecutivo del PP a reclamar la devolución del dinero.
“Una estafa a dos manos”
Acompañando a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la entrega de la solicitud se han presentado varios representantes de partidos de la oposición, entre ellos Íñigo Errejón de Podemos, José Manuel Villegas de Ciudadanos, Juantxo López de Uralde de Equo, Ramón Marcos de UPyD, Joan Coscubiela de IU, Chuse Inazio de la Chunta Aragonesista y Joan Baldoví de Compromís.
El portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, coincide en que ésta es «una de las grandes estafas de este país, cometida a dos manos por el Gobierno del PSOE en su momento y por el del PP actual» y «fruto de la doble moral del poder económico y político, que para los trabajadores y los ciudadanos dan austeridad y para el poder económico, regalos».
Joan Baldoví, diputado de Compromís, también reclama un «esfuerzo» para dar a conocer este «escándalo», que equivale a «70 veces los millones de (Luis) Bárcenas en Suiza», y exige que «el que ha regalado 3.400 millones a los poderosos la pague y la pague bien» yendo a la cárcel.
El coportavoz de Equo Juan López de Uralde destaca que esclarecer este asunto es básico para avanzar hacia un cambio de modelo energético basado en las renovables, y exige asimismo que se devuelva a los ciudadanos el dinero que el «oligopolio eléctrico» se ha quedado.
“Una prueba más del capitalismo entre amiguetes”
Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, denuncia que esta «estafa» es «una prueba más del capitalismo de amiguetes» que ha funcionado durante años en España, donde «los políticos de los viejos partidos, del PP y el PSOE, y los empresarios se han ido confundiendo año tras año».
Por su parte, la subsecretaria de Implantación de Ciudadanos, Marta Marbán, apoya la petición de reapertura de la investigación porque «en una situación de crisis como la actual a quien hay que perdonar las deudas es a las familias que no pueden llegar a fin de mes y a los empresarios, pymes y autónomos que necesitan ayuda». «Las administraciones no deben estar para los amigos sino para la sociedad», ha apostillado.
Por parte de la Chunta Aragonesista (CHA), Chuse Inazio Felices se ha preguntado si la decisión de PP y PSOE de no reclamar este dinero «tiene que ver con que dos expresidentes estén en los consejos de administración de las empresas eléctricas» y ha asegurado que si la Fiscalía no reabre la investigación llevarán el asunto a Bruselas, porque podría constituir un caso de ayudas de Estado ilegales.
«Esto no quedará aquí», ha avisado, criticando que los Gobiernos, que tan diligentes son en investigar a los ciudadanos antes de concederles cualquier ayuda, no hagan lo mismo con las empresas eléctricas. «Recordando a nuestro diputado José Antonio Labordeta, cuando uno ve este diferente comportamiento con los ciudadanos y las empresas dan ganas de decirles otra vez que se vayan a la mierda», ha zanjado.
“Los únicos que no pagan sus deudas son los principales partidos políticos y las eléctricas”
Por parte de Podemos, su secretario de Política, Iñigo Errejón, ha lamentado que «cada vez más» los ciudadanos tengan que exigir una cosa «de sentido común» como que «se cumpla la ley», y ha criticado que PP y PSOE hayan «decidido perdonar las deudas a los que más tienen, a los privilegiados, al oligopolio de las eléctricas». «Cada vez que el Gobierno tiene que elegir entre ponerse del lado de los ciudadanos o de los privilegiados lo tiene inmediatamente claro», ha añadido.
Y es que, según ha recordado, en España «los únicos que no pagan sus deudas son los principales partidos políticos y las eléctricas», y ha señalado que no reclamar los 3.400 millones de euros supone una «estafa social» porque al mismo tiempo se decía que «no hay dinero» para necesidades de los ciudadanos; una «estafa democrática» en la que «una minoría se pone por encima del Estado de Derecho y secuestra las instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses particulares»; y un «problema de ineficacia económica» porque esos millones podrían haber contribuido a reactivar la economía y el empleo.
Finalmente, en nombre de las organizaciones ecologistas incluidas en la Plataforma, Alejandro ha instado a los españoles a «cambiar» el modelo energético» basado en energías fósiles, que «está en el centro de la crisis energética, ambiental y social» actual. (Postdigital/Agencias)
