Los pasados 6 y 7 de julio, España fue examinada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ayer se hicieron públicas las observaciones finales
Entre sus preocupaciones, el Comité lamenta que España no asegure la aplicación directa del Pacto a pesar de lo establecido en la Constitución, y no tenga mecanismos adecuados que permitan la aplicación directa de los dictámenes adoptados por el Comité. Este aspecto cuestiona el compromiso real de España con los mecanismos de Naciones Unidas, especialmente aquellos que permiten la presentación de quejas individuales, al negarles el carácter vinculante a sus dictámenes.
En este sentido, el Comité señala que no se haya avanzado en casos concretos como el de Ali Aarrass, condenado a 15 años de prisión en Rabat sobre la base de la confesión que realizó bajo tortura. Fue extraditado por España a Marruecos en 2010, pese a que existían grandes riesgos de ser detenido en régimen de incomunicación y sufrir malos tratos y tortura. En 2014, el mismo Comité calificó esta extradición de ilegal y exigió la liberación inmediata de Aarras. Pese a las recomendaciones a España para realizar las investigaciones oportunas, no ha habido avances hasta la fecha.
El Comité ha llamado la atención a España por los casos de expulsiones sumarias sin garantías legales de personas migrantes que llegan a las costas del país por parte de las autoridades españolas. Durante todo 2014, Amnistía Internacional recopiló información sobre el trato ilegal de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, incluida su expulsión ilegal a Marruecos, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios en Ceuta y Melilla. También el Comité ha expresado su preocupación por la introducción de una disposición adicional en la Ley de Extranjería, mediante la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite la devolución sin ningún tipo de garantías de aquellas personas que entren por la valla de Ceuta y Melilla. Algo prohibido por el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea, ya que viola el principio de no devolución a personas que podrían correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en sus países de orígen o en terceros países.
Amnistía Internacional comparte muchas de las preocupaciones contenidas en las observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, especialmente:
Plan de Derechos Humanos. El Comité ha expresado su preocupación al Estado español de que el Segundo Plan de Derechos Humanos aún no haya sido aprobado.
El Comité ha destacado el efecto disuasorio que puedan tener las sanciones administrativas contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, y en la reforma del Código Penal sobre las personas que quieren manifestarse pacíficamente, así como su impacto en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha documentado el uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a manifestantes pacíficos, lo que parece estar orientado a desincentivar la protesta social en España y limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica.
Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad.
El Comité ha expresado preocupación por frecuentes informes que dan cuenta de denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos por parte de agentes del Estado en especial en el marco de las protestas ciudadanas. También ha destacado las debilidades y deficiencias de las investigaciones de estos casos. Amnistía Internacional lleva años denunciando la falta de investigación y la impunidad que rodea los casos de malos tratos y tortura en diferentes contextos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Para la organización no se trata de una práctica generalizada, pero tampoco de casos aislados. Y la falta de una investigación adecuada fomenta un clima de impunidad con estas prácticas.
Régimen de incomunicación.
El Comité ha lamentado que España no haya abolido el régimen de incomunicación (hasta 13 días en casos de terrorismo o crimen organizado) con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como recomendó en diferentes ocasiones. Amnistía Internacional considera que la detención en régimen de incomunicación no sólo viola derechos de las personas que son esenciales para garantizar un juicio justo, como son acceso a entrevistarse con un abogado, sino que facilita la tortura y otros malos tratos a personas detenidas. La organización se hace eco de las recomendaciones del Comité en este sentido para que se garantice el derecho de toda persona detenida a un abogado de su elección, a ser examinado por un medico de su elección, y a notificar a su familia el hecho y lugar de su detención.
Víctimas del franquismo.
El Comité se ha hecho eco de las recomendaciones de Amnistía Internacional en relación con que los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo sigan siendo denegados en España, pese a las recomendaciones de numerosos mecanismos de Naciones U
nidas. Amnistía Internacional ha documentado y ha denunciado que España ni investiga, ni deja investigar estos crímenes, como demuestra la falta de colaboración con Argentina, donde se encuentra abierta la única investigación sobre crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.
El Comité también ha expresado la necesidad de incrementar medidas para combatir los persistentes índices de violencia contra las mujeres. Y ha llamado la atención sobre la reforma de la ley del aborto, que pretende exigir el consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad de 16 a 18 años o personas con capacidad modificiada judicialmente. Para el Comité, ésta medida podría obligar a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en riesgo su vida y su salud.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional desde hace tiempo viene expresando su preocupación por la manera en que el Estado español incumple las recomendaciones de los mecanismos internacionales. Por eso la organización urge a España a adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones del Comité y de otros órganos internacionales.
Para ello debe, entre otras:
No devolver a ninguna persona a un país en el que corra riesgo real de ser sometida a violaciones de derechos humanos.
Revisar la legislación, las políticas y prácticas relativas al control de manifestaciones para garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Impulsar investigaciones rápidas y eficaces que acaben con la impunidad en casos de malos tratos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
Suprimir el régimen de incomunicación garantizando derecho a asistencia legal y médica de su elección a toda persona detenida.
Garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
Intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres.
Garantizar a las menores de 16 a 18 años y a mujeres con discapacidad el aborto legal y seguro con independencia del consentimiento parental o de sus representantes legales.
Stand up for freedom. Be a voice for human rights. Together we are strong.
Posted by Amnesty International on Lunes, 24 de noviembre de 2014
