Ayuso no acudirá a declarar ante el juez por su desprecio a la Atención Primaria

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a los tribunales tras ser citada en el Juzgado número 10 de Madrid para la admisión de la demanda de conciliación interpuesta por CCOO por sus declaraciones en las que desacreditaba, según el sindicato, a los trabajadores de atención primaria.


En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, explicó que el presidente regional «no está obligado» a acudir a la citación, prevista para el 29 de abril, al tratarse de un caso de conciliación.

«Desde el punto de vista procesal, no hay ninguna obligación y no tiene que retractarse de nada de lo que dijo», subrayó Ossorio, que considera «legítimas» sus declaraciones.

En una entrevista radiofónica el pasado mes de diciembre, Ayuso anunció que estudiaría «a fondo» lo que ocurre en los centros de salud madrileños, «porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que esperar, hacer cola y en algunos casos no contestan a los teléfonos, cuelgan o de repente no hay médicos».

Por estas declaraciones, CCOO Madrid ha interpuesto una demanda contra Ayuso, al considerar que ha desprestigiado la sanidad y ha puesto «en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel de la sanidad pública madrileña, y con ello ha dañado su reputación y ha fomentado conductas violentas entre los usuarios y usuarias».

Según Ossorio, esta citación aún no se ha recibido, pero cuando lo haga, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid la analizarán, aunque, reiteró, la presidenta «no está obligada a comparecer».

«No comparecerá porque este acto sólo es relevante si se retracta de sus declaraciones, y porque son legales y obligatorias para un funcionario público», dijo.

Ossorio justificó estas declaraciones con las «quejas» recibidas de ciudadanos que consideran que «no han sido atendidos» en los centros de salud, «no en términos de salud, sino de asistencia a los ciudadanos», porque han tenido que «esperar indebidamente», dijo.

La obligación del gobierno regional es «analizar el funcionamiento de los servicios públicos» y si hay «deficiencias», «mejorarlos».