

Ayer este diario publicaba la información de que los usuarios de Blablacar se verán multados por usar los servicios de esta empresa, sin embargo, el comunicado del Ministerio de Fomento sobre la legislación del transporte de viajeros no afectará a esta plataforma, aunque sí a otras que ofertan servicios parecidos.
La polémica generada por la noticia publicada ayer en los medios de prensa de este país, referente al aviso del Gobierno sobre las sanciones a empresas y usuarios de plataformas de transporte de viajeros en vehículos particulares, ha forzado a Blablacar a emitir un comunicado para tranquilizar a sus usuarios.
La web de la famosa plataforma para viajar de un modo más económico compartiendo coche informa de que no se verá afectada por la advertencia de Fomento, cuya nota de prensa original no hacía referencia expresa a Blablacar.
El motivo por el que Blablacar queda de momento fuera del aviso de sanción se encuentra en la inexistencia del ánimo de lucro por parte del conductor que ofrece su vehículo en la web, al tratarse de “una red social que conecta personas particulares que permite compartir los gastos de un viaje en coche”. “No se trata de una retribución económica, sino de la compartición de los gastos asociados a ese trayecto en común”.
“Tal y como el Ministerio de Fomento ha comunicado esta mañana”, informa Blablacar en su nota, “los gastos compartidos no cuentan como ‘retribución’ por usar el coche de otras personas”, y que “el Ministerio no busca perseguir a quienes comparten gasto sin ánimo de lucro”.
Precisamente, para el cálculo del precio de los gastos compartidos, “los conductores son libres de ajustar ese precio dentro de unos límites razonables teniendo en cuenta el confort de su coche o su disponibilidad para desviarse”, pero “el precio no puede nunca exceder el techo impuesto por Blablacar para asegurar que los costes son bien distribuidos y que el conductor no tenga beneficio”.
Es la diferencia esencial respecto a las empresas que sí se verían afectadas, como Uber, donde sus usuarios “ejercen una actividad profesional cobrando una retribución económica para llevar pasajeros dentro de la ciudad, en distancias muy parecidas a las de taxi”, donde conductores profesionales estarían sacando provecho de eludir la ley y el pago de las licencias pertinentes.
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