La “Constitución de Internet” convierte a Brasil en líder de los derechos en la red

Tras cumplirse el plazo de 60 días establecido para la aplicación de la nueva regulación brasileña del Marco Civil de Internet, aprobada el pasado 23 de abril, Brasil se convierte esta semana en el país con mayor libertad y respeto a los derechos de los usuarios en la red, al menos sobre el papel, siendo pionera en varios aspectos contemplados en esta ley.

La conocida como “Constitución de Internet” plantea un marco legal que establece los principios, derechos y obligaciones de los usuarios y los proveedores de internet, y en ella destaca la obligación a las empresas extranjeras de regirse por la legislación local aunque no estén afincadas en Brasil.

“Neutralidad de la red”

El punto más destacable de la ley en cuanto a obligaciones de los proveedores, y que se ha encontrado con la oposición de las empresas de telefonía, posiblemente sea el que establece que dichas empresas tienen la obligación de asegurar el derecho de los usuarios a acceder a cualquier contenido de Internet a la misma velocidad y con la misma calidad, sin poder interferir en esos aspectos, tratando del mismo modo cualquier paquete de datos independientemente de su contenido, origen, destino, servicio, dispositivo o aplicación.

Las empresas están obligadas por ley a cumplir con la velocidad de contratación y no podrán disminuirla para, por ejemplo, limitar el uso de productos de empresas competidoras, lo que es considerado competencia desleal. La disminución del tráfico solo es permisible si es resultado de fallos técnicos que han de ser resueltos o para priorizar los servicios de emergencia, y en cualquier caso el consumidor ha de ser informado previamente y con transparencia de las gestiones y motivos causantes de la merma de velocidad y no debe provocar daños a los usuarios.

Inviolabilidad de las comunicaciones

El derecho a la privacidad en entornos digitales es otro de los puntos fuertes de la “Constitución de Internet”. Los proveedores del servicio están obligados por ley a respetar la privacidad de los usuarios, teniendo prohibido vender a terceros la información personal y los registros de acceso, a menos que el consumidor lo haya autorizado expresamente.

De este modo se impide la comercialización de bases de datos para fines comerciales y los proveedores no podrán utilizar los comportamientos en la red de sus usuarios para vender esta información a empresas que bombardeen con publicidad personalizada al consumidor, algo que se hace habitualmente.

Garantía de la libertad de expresión en redes sociales

Las redes sociales como Facebook o Youtube no podrán retirar contenidos publicados por sus usuarios sin una autorización judicial, evitándose de este modo la censura, excepto en casos que atenten contra la privacidad de otras personas, como imágenes de desnudos o actos sexuales. El proveedor, por tanto, no es responsable de los posibles contenidos ofensivos que hayan publicado los internautas.

Una consecuencia del escándalo del espionaje masivo de la NSA

Aunque el proyecto se inició ya en 2009, no se impulsó definitivamente hasta julio de 2013, tras estallar el caso Snowden y hacerse público el espionaje del que había sido objeto, junto a otros altos dirigentes, la presidenta brasileña Dilma Rousseff por parte de la NSA, la Agencia Nacional de Inteligencia norteamericana.

El nombre por el que esta legislación es conocida popularmente, “Constitución de Internet”, se debe al proceso de participación ciudadana en su elaboración, mediante una consulta pública iniciada en el año 2010 a través de diversos foros de discusión en los que los ciudadanos de Brasil pudieron intercambiar sus opiniones sobre Internet y hacer sus aportaciones a la futura ley.

El Marco Civil de Internet de Brasil se adelanta a varios países “dando ejemplo de cómo reglamentar decisiones de manera equilibrada entre los varios intereses y puntos de vista sobre el asunto”, según el director de la ONG SaferNet, Rodrigo Nejm, sumándose al reducido grupo de países que han legislado en este sentido (Holanda, Chile y Eslovenia).

Sin embargo, aún queda el desafío de que esta legislación no quede solo en el papel y pueda aplicarse realmente en un país en el que “la carencia de infraestructura es grande” en cuanto a efectivos policiales realmente especializados en materia de delitos en Internet.