El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno aprobará una nueva legislación para la banca en la que aplicará los nuevos criterios de solvencia establecidos en la normativa internacional conocida como Basilea III, que incluirá medidas que trasvasarán 30.000 millones de euros de los impuestos de los contribuyentes a multitud de bancos españoles.
En un almuerzo organizado por Deloitte, Mutua Madrileña y ABC, Guindos ha cifrado en 30.000 millones de euros la nueva necesidad de capital de la banca española para cumplir con la normativa Basilea III y de esta forma suavizar el impacto que tendrá en el balance de los bancos no poder computar como propios los activos fiscales diferidos.
Estos 30.000 millones de euros significan un nuevo gasto de las arcas del Estado en inyectar liquidez al sistema bancario, casi el montante de todo del dinero que se destinó a Educación en 2013 y también algo mayor que el gasto en prestaciones de desempleo de todo el Estado. De este modo, De Guindos utilizará una vez más los impuestos de los contribuyentes para tapar los nuevos agujeros que producirá esta normativa, que impide que lo bancos contabilicen activos fiscales futuros en sus balances.
Los activos fiscales diferidos son una artimaña fiscal que consiste en apuntar en el balance de la entidad como un activo real el ahorro en impuestos por cerrar en pérdidas, aunque ese ahorro no se produce hasta que la entidad vuelve a tener beneficios netos. Son ahorros en impuestos futuros, de modo que el dinero del Estado va destinado en forma de aval, para que los bancos puedan seguir realizando esta «trampa» fiscal pero con el respaldo de 30.000 millones de euros para subsanar las previsibles pérdidas de usar este recurso contable.
El ministro ha aclarado hoy que los 30.000 millones de euros es una cifra aproximada y que la cifra total está todavía por determinar, por lo que podría ser aún mayor, ya que la banca española exige que el monto total ascienda a 51.000 millones de euros.
Esta medida ya ha recibido la aprobación del Banco Central Europeo, y es considerada por analistas financieros y capitales extranjeros como necesaria para que el sistema bancario español supere las pruebas de stress a las que va a ser sometida la banca española.
Según un informe de Ahorro Corporación, por volumen, el Santander encabeza la lista de activos fiscales diferidos con 17.621 millones, le sigue el BBVA con 6.741 millones, y CaixaBank con 6.735 millones. Entre la banca de tamaño medio destaca el Banco Popular con 2.861 millones de euros.
De Guindos ha cuantificado en 250.000 millones el dinero que el Estado español lleva gastados en la banca, el equivalente a los gastos derivados de la Seguridad Social durante más de 8 años o el presupuesto de Educación durante 7 años.
El ministro ha justificado la nueva inyección de dinero público al sector bancario privado indicando que superar una crisis bancaria es «siempre difícil» porque lastra el crecimiento, y que la banca debe recuperar su «solvencia».
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