El juez ve «grave» la presunta estafa de las mascarillas al ocurrir cuando había «miles de fallecimientos» por Covid

En un auto dictado, el juez Adolfo Carretero destaca la «gravedad» de los hechos que se investigan en la causa abierta contra Luis Medina y Alberto Luceño por la presunta defraudación al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario al realizar «en plena pandemia» cuando había «miles de muertos diarios», una operación en la que los comisarios habrían pagado hasta seis millones de euros.


Así se puede leer en un auto, en el que el juez de instrucción número 47 de Madrid acuerda que el Ayuntamiento de Madrid se persone como acusación particular para ser el perjudicado en los delitos de estafa agravada, falsificación documental y blanqueo de capitales.

Asimismo, aceptó la participación del PSOE y del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y de Podemos en la acción popular, ya que «los delitos que se investigan no sólo se refieren a fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, como es la gestión de dichos fondos en un tema tan grave como es la adquisición de material sanitario en plena pandemia de covid-19, con miles de muertos al día, y determinar si estos fondos han beneficiado a algunos particulares en detrimento de la ciudadanía».

Por otro lado, no admite por el momento como acción popular a la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre y el Grupo Mas Madrid, por no haber aportado el preceptivo poder general para los casos, sin perjuicio de que se pueda subsanar este defecto aportándolo, o compareciendo «apud acta» ante este juzgado.


El 25 de abril, el juez citó a declarar en calidad de investigados a Luis Medina y Alberto Luceño. El juez Carretero investiga la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios, a los que acusa de cometer los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una compraventa de material sanitario en marzo de 2020. »

«Exagerado beneficio»
Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China».

Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», un extremo niega la Alcaldía capitalina.

Al parecer, se le habría facilitado el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.

Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación».

«En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista», subraya el escrito de la Fiscalía.

Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid –como compradora– y la compañía malaya EEE –como vendedora para adquirir material sanitario–.

Según detalla la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total –915.000 euros–).