La persecución de la libertad de expresión y su cercenamiento crecen exponencialmente en España.
Después de conocer la semana pasada el terrible informe de Amnistía Internacional, “España, el derecho a protestar amenazado”, que evidencia el acoso que sufren los manifestantes y los colectivos sociales en nuestro país y denuncia que el Gobierno busca asfixiar la protesta pacífica legítima, esta semana le llega el turno a la asfixia de las redes sociales.
No contentos con criminalizar a los ciudadanos que expresan sus ideas en la calle a muestra de pancarta y suela desgastada, el Gobierno del Partido Popular ha puesto ahora el ojo en las expresiones a golpe de tecla, y nos ha dejado boquiabiertos con la reciente Operación Araña, que ha conducido a 21 tuiteros ‘al cuartelillo’, asaltados para ser detenidos con su smartphone en mitad de la calle o sacados de sus casas en pleno sobresalto.