La polémica “Ley Wert”, que ha comenzado ya a implantarse este año en las aulas rodeada de un fuerte rechazo social, se encontrará con escollos en las comunidades autónomas opuestas a la ley, que ya han anunciado que harán todo lo posible para dilatar su completa entrada y minimizar sus efectos.
Las comunidades que han recurrido la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el Tribunal Constitucional tratarán de minimizar la reforma educativa este curso, cuando comienza a implantarse en primero, tercero y quinto de Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica.
Con motivo del inicio de las clases durante estos días, los responsables de Educación de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias -no gobernadas por el Partido Popular- anunciaron, en términos generales, una aplicación elemental de las novedades legislativas.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, avisó de los perjuicios que tendría para los alumnos no seguir los criterios de la reforma y señaló que la Alta Inspección educativa del Estado se asegurará de que las prescripciones de la ley «se están cumpliendo».
“Un año de transición” en Andalucía
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, explicó el miércoles pasado que las autoridades autonómicas van a «intentar aliviar el impacto» de la Lomce con un «año de transición», ya que el curso próximo se completará la implantación en Primaria y comenzará en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En cualquier caso, matizó, se respetará la doctrina del Tribunal Supremo, que rechazó aplazar la implantación de la ley. El consejero de Educación, Luciano Alonso, precisó que la Lomce se pondrá en marcha «por sentido de la responsabilidad y cumplimiento de la legalidad», aunque de la manera «menos lesiva posible», pues su desarrollo no será total hasta el curso siguiente.
Para ello se han redactado unas instrucciones transitorias que orienten a los centros andaluces, hasta que se aprueben las normas autonómicas, previsiblemente en enero. Andalucía continuará «en solitario» con programas que antes eran cofinanciados por el Estado, como los de mejora del rendimiento académico y reducción del abandono escolar; se pondrá en marcha el plan de fomento escolar, se mantendrá el número de alumnos por aula y Educación para la Ciudadanía seguirá como asignatura autonómica.
Cataluña busca “dilatar al máximo” la implantación de la ley
En Cataluña, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, informó al comienzo de septiembre de que el calendario de aplicación de la Lomce en las escuelas de la comunidad se ha diseñado para que permita «dilatar al máximo» su ejecución, a la espera de los recursos en el Constitucional y la consulta soberanista que quiere convocar la Generalitat. Este primer curso se ha procurado «un cumplimiento formal y administrativo» de la Lomce y el año próximo se seguirá «otra estrategia», según Rigau.
Entre otras novedades de la ley, los alumnos que deseen enseñanza en castellano en centros públicos o concertados podrán matricularse en privados para recibirla cuando la administración autonómica no atienda tal demanda. El Gobierno central repercutirá el coste a la comunidad en cuestión, lo que afectaría a Cataluña.
Pasará “prácticamente desapercibida” en el País Vasco
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, afirmó hace una semana que la Lomce pasará «prácticamente desapercibida» en Euskadi y apenas supondrá cambio alguno en primero, tercero y quinto de Primaria ni se renovarán los libros. «Que las familias estén tranquilas -pidió- porque no va tener ninguna incidencia. Ahora estamos preparando los currículos para que se pongan en marcha el curso que viene, por lo que no se han cambiado los libros».
En concreto, respecto al decreto de lenguas que incluye la nueva legislación educativa, la dirigente del PNV Lorea Bilbao ha considerado que ésta no pone en riesgo el euskera y ha destacado el acuerdo del Gobierno vasco y el Ejecutivo central para que el actual modelo lingüístico de Euskadi «se mantenga tal cual».
Canarias introducirá medidas propias para “amortiguar” la Lomce
Por su parte, el Gobierno de Canarias cumplirá este curso con el contenido «obligatorio» de la ley, pero procurará «amortiguar» los efectos con medidas propias. El vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, explicó que se ha recomendado a los centros públicos que no se cambien los libros. Aparte, se ampliarán los programas de refuerzo educativo para aminorar el peligro de «segregación» que, según cree Pérez, puede producirse como consecuencia de la ley estatal. Pérez y el propio presidente de Canarias, Paulino Rivero, recalcaron este miércoles el «compromiso de minimizar los impactos negativos» de la reforma educativa.
Asturias examinará a los alumnos afectados en busca de fallos de la ley
La consejera de Asturias, Ana González, comentó que este curso va a ser «más complejo, pero no imposible» por la convivencia de dos sistemas educativos distintos. «No nos gusta la ley, pero no somos un gobierno insumiso», matizó González no obstante. Desde este curso, los centros realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al terminar tercero de Primaria para detectar dificultades de expresión y comprensión, cálculo y resolución de problemas. (Postdigital/Agencias)
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