El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy continua siguiendo al dedillo los dictados de la ‘troika’ y ya ha anunciado por boca de su ministro de Economía, Luis de Guindos, que obedecerá las órdenes de la Comisión Europea y el BCE, que a finales de octubre, antes de la investidura, emitieron un comunicado conjunto para apremiar a España a privatizar cuanto antes las dos últimas entidades bancarias nacionalizadas tras ser rescatadas con dinero público: Bankia y BMN.
“Es preciso culminar el proceso de reestructuración del sector financiero con la privatización de las entidades todavía nacionalizadas”, ha afirmado Guindos durante la conferencia de banca internacional organizada por el Banco Santander en Boadilla del Monte. Una medida que el ministro ha calificado como uno de los ejes fundamentales que deben marcar la estrategia de su política económica y uno de los grandes desafíos que encara el Gobierno del PP en esta nueva etapa.
Guindos asume así el rechazo de Bruselas a su 
petición de retrasar el proceso de privatización de las dos entidades mediante una fusión de las mismas para intentar recuperar algo del dinero público sacrificado en el rescate de la banca española, del que el Gobierno tan solo ha recuperado hasta ahora menos del 5% y del que no se espera que se vaya a recuperar mucho más.
Rajoy prometió en su momento que el rescate a las entidades bancarias no costaría un euro a la ciudadanía, pero tan solo en el caso de Bankia el dinero público usado para el rescate solo en medidas de capitalización a través del FROB ha sido de 22.424 millones de euros, el doble de su patrimonio actual, pero la entidad ha llegado a recibir ayudas públicas de más de 147.000 millones de euros según la asociación ATTAC, que considera que Bankia debería estar funcionando desde hace tiempo como un banco público que presta un servicio a la ciudadanía.
Sin embargo, la reprivatización de Bankia, nacionalizada en 2012, ya se inició en 2014 con la venta del 7,5% de las acciones de la entidad, dejando al Estado aún en posesión del 64,2% de esta, es decir, pública. Ahora, una vez saneada y siguiendo las órdenes de Bruselas, los españoles debemos deshacernos del resto de la entidad antes de que acabe 2017, y de Banco Mare Nostrum para el primer trimestre de 2018.
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