Los niños de padres parados tienen menos derecho a la educación pública que los hijos de aquellos que tienen un empleo, según la normativa vigente: más de treinta niños han quedado faltos de plaza para este curso en el centro público más cercano a su vivienda.
El Colegio Público María Martín del municipio madrileño de Navalcarnero otorga un punto en la admisión de los alumnos si sus dos progenitores están empleados, lo que dificulta a los hijos de padres parados el acceso a una plaza en la educación pública. Las familias con dificultades económicas podrían verse en la situación de tener que enviar a sus hijos a un colegio concertado que supondría un gasto y un obstáculo adicional para la economía de esos hogares.
No obstante, y aunque pueda parecer una medida arbitraria o contradictoria que los padres desempleados hayan de pagar por la educación de sus hijos antes que los que sí tienen un empleo, la Consejería de Educación ha afirmado que el criterio aplicado por el colegio madrileño es legal y está dentro de la normativa vigente. De este modo, ha añadido que esos padres pueden matricular a sus hijos en colegios concertados.
Las consecuencias de esta normativa ya se han hecho notar para los más de treinta niños que han quedado faltos de plaza para este curso en el centro público más cercano a su vivienda, y que deberán buscar otras opciones en la educación semi-privada o en colegios públicos más lejanos al lugar donde residen -en algunos casos hablamos de una distancia diaria a recorrer de hasta 20 km- y que requerirán de más tiempo y más gastos que no todos pueden permitirse.
La Comunidad de Madrid establece que los centros públicos pueden fijar un criterio libre y objetivo para la admisión de alumnos y la Consejería ha legitimado la acción del colegio, una postura con la que no están de acuerdo grupos de la oposición al partido en el Gobierno. Según ha informado la Cadena Ser, el grupo UpyD ha presentado una Proposición No de Ley para que el Gobierno autonómico anule la medida llevada a cabo en el María Martín, ya que, tal como ha afirmado su portavoz Ramón Marcos Alto, les parece ‘completamente injusto que aquellas personas que tienen hijos y están trabajando tengan preferencia sobre aquellas familias que tienen alguno de los padres en paro’.
El desacuerdo también se ha hecho notar entre los que se han visto afectados directamente por la medida. Muchas de las familias carecen de los recursos necesarios para afrontar el coste de la educación de sus hijos en estas circunstancias, por lo que han intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Navalcarnero, así como con la Consejería de Educación, sin encontrar una respuesta útil por parte de las instituciones. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se han limitado a comunicar por carta a los afectados que el criterio del centro María Martín es un factor ‘sociológico’, no discriminatorio, sin alegar ningún argumento que consolide esta afirmación.
Sin embargo, las familias se han puesto en busca de soluciones y llevan recogidas 2500 firmas para que el criterio que ha dejado a sus hijos sin plaza en el colegio público más cercano a su casa, sea excluido de la normativa.
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