No es país para jóvenes: el 38,2% viven por debajo del umbral de la pobreza incluso aunque tengan empleo

Las cifras demoledoras que se desprenden del último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España (CJE) reflejan un panorama desolador para la juventud española: el 38,2% de las personas de 16 a 29 años se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Contratos basura

Otro de los aspectos sobre los que hace hincapié el Observatorio son los datos relativos a la contratación, según los cuales el 92,5% de las nuevas contrataciones realizadas a jóvenes de 16 a 29 años fueron de carácter temporal y los contratos indefinidos sólo representaron el 7,5%. Asimismo, 56,6% de los jóvenes desempeña trabajos por cuenta ajena de menor cualificación a la que realmente posee.

Además, el Observatorio de Emancipación también incide en la dificultad para acceder a la vivienda, ya que una persona joven debería destinar el 60,9% de su salario para poder adquirir una casa en propiedad; debería cobrar 4,2 veces su salario solamente para hacer frente al importe de la entrada de una vivienda en régimen de compraventa; y la superficie máxima de compra a la que puede aspirar es de 49,2 metros cuadrados.

Además, el fuerte incremento de los alquileres también restringe la viabilidad de esta alternativa: alquilar una vivienda libre significaría, para una persona joven que trabaja, destinar el 68,6% de su salario neto.

Subir el salario mínimo

Ante estos datos, Victor Reloba, vicepresidente y responsable del Área Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España, considera «insultante que se hable de recuperación económica cuando gran parte de la población joven, incluso con trabajo, está bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social» y ha reclamado «una legislación laboral que garantice un empleo decente, digno y con derechos y un cambio de modelo productivo que base su desarrollo en la investigación».

En concreto, el vicepresidente del CJE ha demandado «el cumplimiento de la subida del SMI aprobada en el Congreso, la penalización de la temporalidad y la precariedad en los contratos de trabajo, el control del buen uso de las becas y prácticas y la derogación de las dos últimas reformas laborales».

Por último, Reloba ha denunciado «la falta de políticas de vivienda encaminadas a favorecer un proyecto de vida propio a los y las jóvenes».