La asociación de magistrados Jueces para la Democracia ha expresado esta semana su rechazo al TTIP, el polémico tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que se está tramitando con el máximo secreto de espaldas a la ciudadanía, y ha expresado su voluntad de iniciar acciones contra este junto a otras organizaciones judiciales europeas.
Para estos jueces, el objetivo de generar la mayor zona de libre comercio del mundo genera “sombras inquietantes” y puede provocar “efectos muy negativos en los derechos sociales”. La asociación denuncia que el TTIP “puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos laborales, bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior”.
En su comunicado, señalan además que el tratado puede afectar al diseño de los servicios públicos y las prestaciones sociales, que limita de manera muy sensible la capacidad legislativa de los estados y muestran su preocupación en materia medioambiental y el sector agroalimentario.
Jueces para la Democracia ve “alarmante” que se apruebe un nuevo marco jurídico de semejantes dimensiones sin la participación y opinión de la ciudadanía, así como que las cláusulas del tratado no puedan ser modificadas posteriormente por los distintos estados.
Especial rechazo plantean los magistrados a la iniciativa incluida en el TTIP de crear un tribunal especial en materia de arbitraje internacional para sustituir a los órganos judiciales nacionales y europeos. La asociación considera que esta medida supone “una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas”.
La asociación de jueces considera que “no existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas” y alerta de que la existencia de estos organismos especiales, con carácter vinculante, puede incidir “de manera muy negativa” en los derechos laborales, de los consumidores y en las normas de protección del medio ambiente, provocando “graves perjuicios a la sociedad, sin posibilidad de respuesta efectiva”.
Jueces para la Democracia considera que se trata de “pérdidas de soberanía injustificadas que obedecen a razones económicas” contrarias al interés general y rechaza “la vulneración de principios básicos del Estado de Derecho que se puede producir con el tratado”. Por ello, la asociación ha anunciado que iniciará acciones contra el TTIP junto a otras organizaciones judiciales europeas, como la alemana DRB, muy crítica también con el tratado.
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