El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves instar a la Junta para que, a su vez, ésta inste al Gobierno central a presentar ante las Cortes Generales una serie de modificaciones e iniciativas en materia tributaria sobre los bancos tras el «rescate» a dichas entidades. Entre ellas, está la creación de un recargo temporal del 10% sobre el Impuesto de Sociedades que estaría en vigor hasta que se recupere el dinero del rescate.
De esta manera, la Cámara andaluza ha rechazado, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, una proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía que ha sido apoyada parcialmente por el PSOE-A, y que, entre otras cuestiones, pedía instar a la Junta a que, a su vez, reclamase al Gobierno central que presentara a las Cortes Generales «las modificaciones legislativas necesarias para que se ponga fin a los privilegios y los beneficios fiscales existentes en el Impuesto de Sociedades, garantizando un suelo de tributación real en dicho impuesto del 20% para las entidades bancarias y financieras».
En esa línea, ha subrayado que en 2018 «se ejecutaron 35.000 desahucios» en Andalucía por parte de «bancos a los que hemos rescatado y que encima no pagan impuestos». Además, ha citado el artículo 128 de la Constitución, sobre la subordinación de la riqueza del país al interés general, algo que ha instado a cumplir, y ha pedido «menos patriotismo de pulserita y más pensar en el interés general».
En el turno de los grupos ha tomado la palabra, por el PSOE-A, el parlamentario Antonio Ramírez de Arellano, quien ha criticado el «auténtico despropósito de gestión» que, a su juicio, protagonizó Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, con cuestiones como el «rescate a la banca» con «40.000 millones de euros».
Al respecto, ha querido aportar una «perspectiva territorial» sobre este asunto, y tras detallar las cifras de los rescates a entidades financieras de Madrid y Valencia, Cataluña y Galicia, ha señalado que «Andalucía fue rescatada con 1.500 millones de euros». También, ha pedido «prestar especial atención a que la fiscalidad especial» que se quiera imponer a la banca «no termine siendo repercutida en el usuario del sistema».
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