Madrid toma las calles contra la violencia racista y el discurso del odio

Coincidiendo con el aniversario del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, reconocido como el primer crimen de odio racista en España

La Asamblea Antirracista de Madrid salió este sábado a las calles de la capital por quinto año consecutivo para protestar contra el «sistema racista» y reivindicar los derechos de las «comunidades racializadas».

La marcha, con el lema ‘Contra la violencia racista y el discurso del odio’, partió a las 17:00 horas de la Plaza de Neptuno y finalizó en la Puerta del Sol, tras pasar por Cibeles, donde se encuentra el Ayuntamiento, y Callao.

En la protesta participaron varias decenas de personas, entre ellas Serigne Mbaye, secretario de Antirracismo de Podemos. «Seguimos denunciando el discurso y la violencia que se ejerce contra los afrodescendientes y los migrantes. Para combatir el racismo, hay que aplicar las leyes. La justicia no puede ser arbitraria», subrayó el diputado de la Asamblea de Madrid.

Una manifestación que se celebra en la capital desde 2017 en homenaje a las víctimas de la «violencia racista» en el país y para reclamar derechos para las comunidades racializadas, y que coincide con el aniversario del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, reconocido como el primer crimen de odio racista en España, el 13 de noviembre de 1992.

Los congregados tras una pancarta en la que se leía «Contra la violencia racista y la incitación al odio» corearon consignas contra la ley de extranjería o los centros de internamiento de inmigrantes (CIE).

Custodiados por varios furgones de la policía nacional, los participantes, muchos de los cuales llevaban símbolos étnicos y banderas wiphalas, portaban pancartas «Racismo estructural, genocidio colonial», «Documentos, crueles» o «Parias a explotar».

También había personas con máscaras con la imagen de un hombre blanco y pancartas con lemas como «Tu privilegio blanco se basa en el sistema racista».

En términos generales, el movimiento quiere denunciar el «desprecio sistemático» de los derechos «sociales, laborales, políticos, civiles y económicos» de los extranjeros y exigir, entre otras medidas, el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el acceso a una sanidad pública, universal y de calidad y la regularización «inmediata, permanente e incondicional».


También piden la derogación de la Ley de Extranjería y de «toda la legislación racista, con especial atención al genocidio que se está produciendo en el Mediterráneo», así como el derecho al cambio de nombre y de documentos de identidad para las personas transexuales y el derecho al voto para los inmigrantes que residen en España.

«Denunciamos que el odio ha bajado a las calles; está en los barrios, en el Congreso o en los medios de comunicación y redes sociales. Denunciamos el silencio cómplice de gobiernos, partidos e instituciones», explicó.

Este movimiento se manifestó por primera vez en noviembre de hace cinco años para recordar a la dominicana Lucrecia Pérez, una inmigrante asesinada por tres ultraderechistas en Aravaca, en el solar de la antigua discoteca ‘Four Roses’. Cuatro encapuchados entraron en el club y le dispararon. Le dispararon dos veces, una de ellas en el corazón.

Días más tarde, un guardia civil y tres menores, cercanos a movimientos de ultraderecha, fueron detenidos y confesaron el asesinato. El guardia civil fue condenado a 54 años de prisión, mientras que los menores fueron condenados a 24 años de prisión.

Además de recordar a las últimas víctimas de la violencia racial en España, el colectivo también recordará a las más de 35.000 personas que han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa en los últimos 15 años, el 80% de ellas por ahogamiento, recuerda.

«La violencia racista, homófoba y sexista está en las leyes, se refleja en políticas deshumanizadoras y crece con la complicidad de gobiernos, partidos e instituciones. Los discursos fascistas y racistas están cada vez más presentes en las redes sociales, los medios de comunicación y las calles, alentados por un contexto de racismo creciente que se legitima con su presencia en los parlamentos europeos», explicó.

El manifiesto también denuncia «la falta de recursos en la administración, la policía y los tribunales», que tiene «un impacto directo en la vida de los inmigrantes». «Salimos por cada agresión, por cada insulto, por cada puerta cerrada, por cada oportunidad negada, por cada vida perdida», concluye.