El Consejo Editorial del New York Times, uno de los periódicos norteamericanos más influyentes, ha publicado esta semana en sus páginas de opinión un artículo muy crítico con la ‘ley Mordaza’ española, a la que califica duramente de “ominosa” en su titular, es decir, abominable.
El artículo acusa directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de ir contra los derechos humanos y las recomendaciones de la ONU al recortar los derechos fundamentales de libre expresión y reunión pacífica con la finalidad de perpetuarse en el poder y minar el apoyo a la nueva formación política Podemos, que presenta buenas perspectivas electorales, según el texto.
También hace mención expresa a las “desorbitadas” multas contra manifestantes que se reúnan frente a las instituciones del Estado o espacios como infraestructuras de transporte o centrales nucleares, así como la prohibición de fotografiar a policías eliminando así la posibilidad de denunciar los abusos policiales. Para el New York Times, la ‘ley Mordaza’ “española se remonta inquietantemente a los oscuros días del régimen franquista”.
Mencionando la protesta de “hologramas” convocada por la plataforma ‘No Somos Delito’, que tuvo lugar el pasado 11 de abril, el diario estadounidense afirma que esta nueva ley “no tiene lugar en una nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual a la protesta pacífica y colectiva”.
Artículo del NYT traducido
«El pasado 10 de abril un grupo llamado “No somos delito” proyectó un holograma de manifestantes marchando frente al edificio del Congreso en Madrid. De momento, las protestas virtuales con hologramas no son ilegales en España. Increíblemente, sin embargo, sí lo será pronto cualquier otra clase de protesta pacífica, si una nueva ley entra en vigor, como está previsto, el próximo 1 de julio.
La Ley de Seguridad Ciudadana, llamada popularmente “ley mordaza”, definirá la protesta por parte de personas reales frente al parlamento y otros edificios oficiales como “una alteración de la seguridad pública”, sancionable con una multa de 30.000 euros. Quienes se unan espontáneamente a protestas frente a edificios públicos, infraestructuras de transporte, plantas nucleares o sitios similares se arriesgan a recibir una desorbitada multa de 600.000 euros. El “uso no autorizado” de imágenes de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, -presumiblemente dirigida contra fotoperiodistas o ciudadanos ordinarios que fotografíen a policías o soldados con sus cámaras- supondrá una multa de 30.000 euros, dificultando la documentación de los abusos.
La ley fue introducida en 2014 por el gobierno del presidente Mariano Rajoy, cuyo partido conservador goza de mayoría en las dos cámaras del Parlamento. El Congreso aprobó la ley en diciembre y, a pesar de los ruegos de grupos de derechos humanos y de la ONU, el Senado la aprobó el mes pasado.
El principal objetivo de la ley, al parecer, es ayudar al partido en el gobierno a conservar su poder, desalentando las protestas anti-austeridad que se han extendido como un apoyo generalizado al populista partido Podemos. Podemos parece destinado a lograr grandes resultados en las elecciones de este año.
La Comisión Europea debería actuar rápidamente condenando la nueva ley. Maiana Kaiai, comisionada especial de la ONU para los derechos de libertad de reunión pacífica, ha urgido a los diputados españoles a rechazar la medida, arguyendo: “Los derechos de protesta pacífica y a expresar una opinión colectivamente son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. La nueva ‘ley mordaza’ española se remonta inquietantemente a los oscuros días del régimen franquista. No tiene lugar en una nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual a la protesta pacífica y colectiva».
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