El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procedido a archivar la querella contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que fue interpuesta por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia a raíz de la polémica de los tuits que ya le costó renunciar a la Concejalía de Cultura madrileña.
Pedraz, quien ni siquiera tomará declaración a Zapata porque dice tener ya los elementos suficientes para proceder, estima que los comentarios del concejal en la red social Twitter, publicados hace cuatro años, consisten tan solo en “humor negro” y “no pueden suponer la comisión delito alguno”.
El juez ha tenido en consideración el escrito remitido al juzgado por Irene Villa, víctima del terrorismo de ETA que había sido llamada a declarar en calidad de testigo como supuesta víctima de los chistes de Zapata. “No han afectado a mi persona, ni me han causado ninguna humillación, habiendo convivido desde el atentado terrorista con este tipo de humor negro que he entendido desde mi infancia como una expresión sátira de un grave hecho acaecido, siempre como una expresión de la gran gravedad de los hechos en los que sin quererlo me vi implicada y no como una falta de respeto o humillación hacia mi persona”, explica Villa.
De este modo, Pedraz falla que no se da “ni una conducta especialmente perversa, ni se da el dolo específico, ni además ha humillado a la víctima, como así afirma Dña. Irene Villa”, por lo que “no otra intención puede seguirse más que hacer humor negro; ánimo, pues, muy distinto al de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas”.
La “pendiente resbaladiza” de la persecución del «humor»
“Basta acudir a un buscador de internet y encontrar miles de chistes idénticos, parecidos o similares colgados desde hace bastante tiempo, sin que conste antecedente alguno en esta Audiencia Nacional de haberse incoada causa alguna o, al menos, condena”, afirma el juez en su auto, y añade que “desde luego lo que no puede hacerse es perseguir solo a determinadas personas y no a otras, como parece acontecer en este caso”, que sería propio del “Derecho Penal del enemigo”.
Aunque el juez reconoce que este tipo de humor “puede producir perplejidad o indignación en un amplio sector social”, no contempla “que esa perplejidad e indignación merezca un reproche penal”.
Según Pedraz, si la Fiscalía decidiera perseguir este tipo de conducta, tendría que llevar a cabo una búsqueda intensiva en las redes sociales contra miles de personas y se entraría en una “pendiente resbaladiza” donde cualquiera podría denunciar chistes jocosos sobre temáticas que les pudieran afectar, lo que entraría en colisión con la libertad de expresión, “más lógicamente el legislador no va a amordazar a los políticos, entre otras cosas, por obvia inconstitucionalidad”.
