El juicio de faltas al concejal del PP de Coslada que propinó una patada por detrás a un anciano mientras protestaba por las preferentes ha concluido hoy con una condena para el agresor del pago de 650 euros.
Los hechos se produjeron el 7 de junio del año pasado en la Plaza Mayor de la madrileña localidad de Coslada, donde el anciano afectado por las preferentes se encontraba protestando junto a un grupo de vecinos contra la estafa bancaria megáfono en mano, durante las fiestas de la localidad. En ese momento pasó junto a él el alcalde de Coslada, Raúl López, quien increpó al manifestante, y también el concejal de Educación y Seguridad, Fernando Atienza, quien además de increparle le golpeó una fuerte patada en la pierna.
Como consecuencia de la agresión, el preferentista de 63 años sufrió lesiones en la pierna a modo de hematomas que le impidieron caminar durante varios días, siendo atendido en Urgencias, motivo por el cual decidió interponer una demanda contra el concejal.
Los hechos fueron constatados durante el juicio el pasado 26 de mayo por dos policías locales que presenciaron la escena mientras patrullaban la zona, por el cabo de la Policía Local de Coslada que hacía funciones de escolta del alcalde ese día y por el conductor del jefe de la corporación, sin embargo, el denunciado negó haberle golpeado e intentó defenderse declarando que el anciano le insultó primero.
El tribunal ha tenido en cuenta la declaración de los agentes y ha desestimado las palabras del concejal y considerado confirmada la agresión sufrida por el manifestante, pero la condena al edil ha resultado menor que la solicitada por la Fiscalía.
En concreto, el fiscal solicitaba para el agresor 225 euros por la falta de lesiones y 720 euros por los días que el anciano se encontró impedido, mientras que el abogado defensor pedía además 450 euros más de compensación por daños morales.
La resolución judicial, en cambio, ha estimado en 250 euros la multa por el delito de faltas y en 400 euros el pago por el período de cura, omitiendo la compensación por daños morales. El concejal deberá pagar además las costas judiciales, que ascienden a 1.500 euros.
