La legislación faculta al empresario a vigilar el estado de salud de un trabajador, incluso sin su consentimiento, pero las compañías sí tienen que contar con autorización sanitaria y prescripción médica para hacer estas pruebas diagnósticas
Oficialmente, se han operado laboratorios privados desde el 14 de abril pasado, pero, en la práctica, el regreso al trabajo ha provocado una demanda privada. Las empresas y organizaciones oficiales, como los ayuntamientos, no confían en la reducción progresiva del gobierno y, sobre todo, en hacerlo sin conocer el grado de inmunidad al coronavirus de sus trabajadores. Por esta razón, las pruebas privadas ‘intervenidas’ florecen nuevamente a través de centros médicos mutuos o privados. En esta ocasión, son los IgG, que determinan si un trabajador está inmunizado, y las ofertas varían desde 36 euros con una receta de ‘regalo’ hasta 58 o 60 euros más el IVA cobrado por las mutuales con la receta del médico de la empresa.
