Con 189 votos a favor, 151 en contra y 8 abstenciones, se logró la mayoría absoluta necesaria para modificar el artículo 313.3 del Código Penal que castigaba el sindicalismo, con lo que pasa al Senado donde el PSOE quiere que se tramite por vía urgente para que entre en vigor el Primero de mayo.
La derogación en el Congreso fue propuesta por el PSOE, pactada en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ha salido adelante con el apoyo de ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, PdeCAT, CUP, Más País-Equo, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, superando la mayoría absoluta necesaria que se necesita para modificar una ley orgánica.
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Al otro lado del hemiciclo, Ciudadanos, PP, Vox, UPN, y Foro Asturas emitieron voto en contra, mientras que PNV, Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria se abstuvieron. PP, Vox y Ciudadanos han planteado el debate como una dicotomía entre el derecho al trabajo y el derecho a la huelga, un argumento que ha sido contestado por el PSOE, Unidas Podemos y el resto de partidos de la izquierda defendiendo que no existe antagonismo entre ambos derechos fundamentales.
Tanto PP como Vox y Ciudadanos se han mostrado partidarios de la existencia de un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga. Vox pedía, además, que se duplicaran las penas para volver a las establecidas en el Código Penal del año 1995, que luego el Gobierno de Mariano Rajoy rebajó a la mitad en 2015.
La diputada Andrea Fernández (PSOE) ha calificado la jornada de ayer como “histórica”, puesto que la derogación supone “saldar una de las deudas pendientes con el sindicalismo”. “Es necesario que entendamos que la protesta tiene que protegerse, porque es consustancial a la democracia”, añadió.
Fuentes de UGT han subrayado que más de 300 personas han sido procesadas por el delito tipificado en el artículo 315.3, y que algunas de ellas fueron condenadas, aunque a día de hoy nadie ha ido a la cárcel por ello.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado las movilizaciones que bajo el lema “Huelga no es delito” hicieron de la derogación de este artículo una prioridad sindical, en un momento en el que se pedía condenas de cárcel a cientos de sindicalistas “absolutamente desproporcionadas”.
