El Gobierno de España ha tenido que desplegar toda su capacidad de negociación para salvar el núcleo de sus medidas sociales en un Congreso más atomizado que nunca. La estrategia de «trocear» los decretos ha sido la clave para que la subida de las pensiones y la prórroga de la moratoria de desahucios no decayeran ante el rechazo en bloque de la oposición y las reticencias de sus propios socios.
La subida de las pensiones para este 2026 ha entrado finalmente en vigor tras su publicación en el BOE, un hito que el Ejecutivo presenta como una victoria de la estabilidad. Sin embargo, el camino para la moratoria de desahucios ha sido mucho más tortuoso. Para atraer el voto de Junts y consolidar el apoyo del PNV, el Ministerio de Vivienda ha tenido que modificar sustancialmente el texto original. La nueva redacción establece una distinción clara entre los propietarios: aquellos que posean una o dos viviendas podrán ejecutar desahucios incluso en casos de vulnerabilidad del inquilino, delegando en los servicios sociales la responsabilidad de encontrar una alternativa habitacional.
Este matiz ha sido fundamental para que las formaciones de corte conservador o nacionalista aceptaran la medida, alejando la acusación de que el decreto «fomentaba la okupación». No obstante, este giro ha generado malestar en sectores de la izquierda parlamentaria, como Podemos, que critican lo que consideran una desprotección de los más vulnerables en favor de los pequeños rentistas.
La negociación demuestra que el crecimiento de la estabilidad gubernamental depende de una geometría variable muy delicada. El Gobierno ha aprendido que, en esta legislatura, cada votación es un ejercicio de supervivencia donde el pragmatismo se impone a la ideología inicial, buscando siempre que las organizaciones involucradas encuentren un beneficio político que justifique su respaldo.
