En una pregunta registrada en el Congreso, Garzón alertó al Gobierno de que la Fundación Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco.
Según detallaba en su iniciativa, todos esos documentos deberían «estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada». «Deberían permanecer en custodia en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales o en el Archivo General de Palacio», argumentaba el también portavoz adjunto de Unidos Podemos.
Además, Garzón señalaba que, vista la documentación digitalizada y depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica como consecuencia de las ayudas concedidas a principio de los años 2000 a la Fundación Francisco Franco, «se aprecia que buena parte de los documentos están clasificados, muchos de ellos como secretos».
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